El intendente de Zárate continúa esquivando el juicio oral, mientras los medios callan las infinitas irregularidades que ocurren en el municipio que comanda desde hace ya 13 años. Hoy desde El Disenso te contamos como se blinda la gestión que direcciona millones a medios, empresas y negocios amigos.
Cáffaro llegó a la intendencia de Zárate en diciembre de 2007 de la mano del “Acuerdo Cívico y Social”, una alianza creada entre el ARI, la UCR y el PS. Tras ganarle al justicialista Omar Bernués, el maestro mayor de obras devenido en intendente comenzó a formar el equipo que continúa acompañándolo a través de los años. Tal vez por esta razón no llama la atención que luego de 13 años en el poder, la Municipalidad de Zárate sea considerada una gran familia, dado que el nepotismo reinante en todas las áreas, es de los mayores que pueden encontrarse en el conurbano.
Por ejemplo, la secretaria de Cáffaro, Marta Lilian Burroni, apoderada de la Agrupación Municipal Nuevo Zárate, tiene a su hija Florencia Robiano nombrada como titular del Juzgado Faltas N° 2 de Zárate. El hermano de Burroni, Nicolás, se desempeñó hasta 2018 como Jefe de Semaforización y Señalización Vial; su sobrina, Ana Laura Allemann, es concejal caffarista en el HCD, y el marido de su sobrina, Matías Francos, pasó de ser el Director General de Movilidad Urbana a Asesor Parlamentario en la Cámara de Diputados Bonaerense, donde Cáffaro propulsó a su esposa, Patricia Noemí Moyano como diputada, tras acompañarlo en la gestión zarateña como Consejera Escolar, Secretaria de Desarrollo Humano y Promoción Social y luego como miembro del HCD.
A esto hay que sumarle los entramados societarios de las empresas registradas amigos y familiares que luego cobran de la Municipalidad, junto con figuras del deporte, periodistas, familiares, ex y actuales funcionarios y emprendimientos allegados.
En 2017 los gastos de Cáffaro sufrieron un fuerte llamado de atención de parte del Tribunal de Cuentas, y tras el fallo del organismo, el barón zarateño se vio obligado a abonar una multa por $40.000.
Aún así, a 13 años de tomar el poder, su patrimonio es un misterio, y a pesar del supuesto relato de la transparencia, las DDJJ de la familia Cáffaro no están disponibles en ningún sitio público. Lo mismo ocurre con el Boletín Oficial de Zárate, que tampoco se publica como ordena la Ley, blindando así los flujos de caja de un municipio que maneja un presupuesto anual de 3.850 millones de pesos.
La semana pasada el HCD frenó el proyecto caffarista de suba de tasas a los comerciantes locales. El mismo intendente que presiona a los zarateños para aumentar la recaudación, evade sus propias obligaciones impositivas. Catalogado en ARBA como deudor de categoría 3, Cáffaro tampoco abona las multas de tránsito por exceso de velocidad de su Pathfinder en provincia.
A lo largo del tiempo, los medios parecen no reparar en la situación del municipio zarateño. Tal vez influya la multimillonaria pauta que Cáffaro reparte entre los comunicadores.
De acuerdo a facturas a las que accedió El Disenso, sólo durante el año 2019, la productora El Talar de Roberto Navarro figura con $1.345.000, menos favorecidos resultaron las pautas de Pagina 12 $649.993,76, Central de Noticias Argentinas (Revista La Tecla) $690.000, Pol-P Producciones $610.000, Adalid Comunicaciones (Diagonales), Editorial Amfin SA (Ambito) y sigue la lista.
La discrecionalidad en el manejo de fondos, el extremo nepotismo y la oscuridad respecto al patrimonio del matrimonio Cáffaro y a la gestión en general, son señal de que el blindaje funciona.
Cáffaro también le asignó a la empresa Tecmaco Integral SA $159.913,56, dinero de los impuestos de los zarateños que probablemente desconozcan que el presidente de la firma es el socio del intendente, y que tras un cambio de manos en Mercoservicios Delta al inicio de su gestión, hoy ambas empresas fijan domicilio en el mismo lugar, junto a otras 8 firmas registradas por su socio, la esposa y la suegra.
Procesado, embargado y a Juicio Oral por desvío de fondos públicos
¿Sabías que Cáffaro fue procesado y embargado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, en el marco de la causa que investiga el desvío de 10 millones de pesos procedentes de fondos nacionales para Obra Pública y que la causa fue elevada al TOF 5 de San Martín para que tenga lugar el Juicio Oral?
La Causa:
En el año 2013, el Ministerio de Planificación acordó la realización de obras de seguridad eléctrica para beneficiar a aquellos vecinos de los barrios 6 de Agosto y Agua y Energía, cuyas casas quedan debajo de las líneas de alta tensión.
De acuerdo al convenio rubricado con la Municipalidad de Zárate, el Estado Nacional giraría los fondos para las obras, que fueron presupuestadas en $50.820.00. Los pagos se realizarían en cuatro cuotas, contraentrega de los certificados de obra.
Pero un peritaje realizado por la Universidad Tecnológica Nacional detectó que el certificado presentado por la empresa C&E Construcciones para el cobro de los primeros $10.164.000 era falso. La documentación, que llevaba la firma de Castillo (C&E) y los funcionarios zarateños Caccaviello e Ingrassia, confirmaba un avance de obra del 20% por la instalación de inexistentes columnas de tendido eléctrico.
A pesar del certificado falso, Cáffaro recibió de Nación el cheque por $10.164.000, que fueron girados a la constructora mediante 5 cheques a la orden. El peritaje bancario confirmó que dos cheques por 2 millones fueron depositados en la cuenta bancaria de C&E y los otros 3 cheques por $2.000.000 cada uno fueron cobrados por la empresa INC SA (Carrefour) tras recibirlos de la intermediaria Yoen SA.
En 2015 la Procelac denunció que Carrefour financiaba cuevas de dinero. A partir de una presentación del Banco Central, se inició una investigación preliminar que derivó en una denuncia por asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada y lavado. Tanto Inc SA como Yoen SA formaban parte de este esquema de lavado, en el que terminaron los 3 cheques enviados a Cáffaro por Nación para las obras que mejorarían la calidad de vida de los zarateños.
“El 23 de julio de 2014 el intendente Cáffaro y el secretario de Obras y Servicios Públicos, Giménez, presentaron una nota ante el Ministerio de Planificación Federal solicitando el envío del segundo desembolso comprometido, por $15.246.000, a la cual adjuntaron el certificado de avance de obra justificando el primer desembolso de dinero con contenido falso“. De acuerdo a la Cámara, “los acusados tenían pleno conocimiento de la falsedad del documento ya que no era posible certificar ningún avance relacionado con la obra de seguridad eléctrica debido a que las obras que se estaban ejecutando no guardaban relación con los compromisos suscriptos“.
La Sala I de la Cámara Federal de San Martín confirmó los procesamientos dictados por el Juez Charvay, sin prisión preventiva, de Osvaldo Cáffaro, Pablo Giménez (entonces Secretario de Gobierno y concejal en uso de licencia, hoy Secretario de Servicios Públicos zarateño), Salvador Ingrassia (ex director de Obras e Infraestructura) y Osvaldo Caccaviello (ex subsecretario de Servicios Públicos de Zárate y actual director general de calles y red vial de Pilar) como responsables de administración fraudulenta, con Gustavo Castillo y Santiago Rottari (C&E) como los contratistas beneficiados en la operación.
Con la firma de los camaristas Marcelo Fernández, Marcos Morán y Juan Pablo Salas, la resolución también dispuso embargos de tres a cinco millones de pesos para cada uno de los acusados.
En marzo de este año, Cáffaro debía explicarle a la justicia porque los cheques por $6 millones que el Ministerio de Planificación envió al Municipio de Zárate en 2013 para la realización de obras eléctricas para seguridad de los zarateños, terminaron en empresas denunciadas por la Procelac en la megacausa por lavado de dinero y fuga de dolares.
Pero Cáffaro es un hombre de suerte, y justo una semana antes del juicio oral, el doctor Marcelo Gonzalo Díaz Cabra, Juéz de Cámara del TOF 5 de San Martín, presentó su renuncia efectiva a partir del 1° de marzo de 2020, lo que provocó que el tribunal quedase acéfalo y que la causa vuelva al cajón.
El abogado de Cáffaro en la causa es Horacio Henricot, quien junto a su socio Hugo Tomei lleva la defensa de los 10 rugbiers zarateños acusados de asesinar a Fernando Baez. Uno de los acusados, Máximo Pablo Thomsen de 20 años, es el hijo de la arquitecta Rosalía Zárate, la Secretaria de Obras Públicas del municipio, que renunció en enero a su puesto oficial en la gestión, tras hacerse público el vínculo.
Soy vecino de Escobar y quiero felicitarlos por este excelente y muy exhaustivo artículo.
Muchas Gracias Diego!
hola,la información al detalle ,de un intendente de la pcia de bs as ,y sus escandalosos negocios a costilla de todos los zarateños, pero bien blindado por medios que en apariencia “destapan” ,la información , que no se ve a la luz pública, y esta familia “unita” , sigue haciendo y engordando sus bolsillos ,pero cuando “aceitan ” el entramado periodístico ,los echos suceden en un manto de silencio,con excepción de este medio que hacen honor a la profesión ,y con pruebas a la vista ,ventilan todo,no hay declaración jurada de bienes ,no se publica el boletín oficial de la muni,el tribunal de cuentas que mas allá de una exigua multa la banda sigue tocando ,como en el titanic,los negocios de santamaría y la hermana de larreta en caba ,y misiones,y el talar de navarro en Zárate ,recibiendo pauta pero no haciendo periodismo, gracias salute ,El Disenso desde su trabajo implacable ,caiga quién caiga y cueste lo que cueste