El Honorable Concejo Deliberante de Quilmes aprobó por unanimidad la designación de la flamante Jueza de Faltas Anabella Galván, imputada en la causa que investiga el pago de 535 millones desde el Municipio quilmeño a Cooperativas relacionadas al ex funcionario Sebastián Raspa y su socio Martin Bordalejo.
En el marco de la causa que tramita en el juzgado del Doctor Ariel Lijo, donde el fiscal Ramiro González investiga los contratos por $535 millones otorgados por Mayra Mendoza a 3 cooperativas relacionadas a un funcionario quilmeño y sus familiares, se encuentra imputada Anabella Galván, ex Directora General de Defensa de Usuarios Consumidores y Lealtad Comercial de Quilmes y flamante Jueza de Faltas del Juzgado número 4 de dicha localidad.
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Galván es apoderada y abogada firmante de las constituciones societarias de José Alejandro Scozzari, socio de Raspa y Bordalejo, y dueño de la empresa The Wolf Building, la contratista quilmeña que a marzo de 2022 llevaba adjudicados 84.9 millones de parte de la gestión Mendoza (monto que a la fecha se ha incrementado ostensiblemente).
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Durante la votación ningún concejal expresó su intención de voto negativo ni atinó a impugnar el nombramiento de Galván como Jueza de Faltas, cargo vitalicio, a sabiendas de que la funcionaria se encuentra actualmente imputada.
El fiscal González también instó ejercicio de acción penal contra el ex marido de Mendoza, Sebastián Daer. Tras conocerse su imputación, el funcionario que se desempeñaba como “Consejero Técnico de Fiscalización y Operativa Aduanera” en la Dirección Regional Centro II de AFIP fue pasado a planta y ascendido por Mercedes Marcó del Pont a “Jefe de Sección Técnico Jurídico” de la “Sección sumarios” en la “Dirección Regional Palermo“. El hecho fue dado a conocer de forma exclusiva por El Disenso.
En Quilmes, luego de las dos investigaciones publicadas por El Disenso, la primera sobre las cooperativas y la segunda sobre la “venta” de 47 camiones de basura “en situación de chatarra” a una empresa investigada por fraude en Chaco por una operativa similar, el Boletín Oficial paso a publicarse en versión extractada, evitando de esta manera que los ciudadanos podamos enterarnos que se aprueba, compra o contrata, y por cuanto, en el municipio.
En el siguiente ejemplo vemos una publicación extractada donde la Municipalidad contrata a Ignacio Montoya Carlotto pero gracias a esta “modalidad stealth” los quilmeños no pueden ver cuanto se le pagó al nieto recuperado por su performance artística.
Un ejemplo más que evidente es el video de la famosa sesión en la que se aprobó el tema de la “venta” de los camiones de basura, cuyo audio fue eliminado, haciendo imposible enterarse que ocurrió en esa oportunidad. El expediente tampoco está disponible para consulta.
El HCD también se ocupó de echar un manto de opacidad sobre su operatoria, evitando publicar la información respecto a las sesiones y los proyectos aprobados, incluyendo los del viernes 23 de septiembre.
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Galván, integrante de La Cámpora Quilmes y amiga de Mendoza de su juventud es, desde el viernes, la flamante jueza imputada del Juzgado de Faltas N° 4. Un “Cuadrazo” como dicen les compañeres.
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Si por unanimidad, ellos mismos eligieron a un imputado como “juez de falta municipal”, debe ser por la inercia misma del nepotismo, ya que la imputada obstentaba hasta entonces otro cargo municipal (Directora General de Defensa de Usuarios Consumidores y Lealtad Comercial de Quilmes); Por supuesto, antes de que en forma “inclusiva” se tenga que llamar a concurso a cualquier hijo de vecino de 25 para arriba y con título de abogado como mínimo bajo el brazo preguntando por ese puesto.
¡Ahora que interesante lo de la actividad “artística” del nieto de Carlotto!! ¿Pero que es la modalidad “stealth” por la cual los contribuyentes de Quilmes no pueden ver cuanto el municipio desvío de sus impuestos para contratar su show?
Hola Pachi, antes de que publicáramos la investigación sobre los pagos de 535 millones a las cooperativas relacionadas a un funcionario municipal y sus familiares, y la “venta” de los camiones en “situación de chatarra”, los decretos del Boletín Oficial de Quilmes se publicaban completos (y los expedientes se subían al servidor de PBA). Actualmente todo se publica en versión “extractada”, esto significa que no se puede saber cuanto dinero es erogado por el municipio en cada caso y cual es la correspondiente contraprestación. Existen casos de nombramientos donde siquiera está el nombre completo y datos de la persona en cuestión.
Sin palabras! O sea que después del escándalo, en lugar de mostrar más trasparencia, optaron por encriptar el manejo del dinero público.
Gracias ElDisenso por mantenernos informados!