En un acto que atenta contra la transparencia, el poder ejecutivo eliminó el acceso público a los datos de los proveedores estatales. Este oscuro accionar se da a posteriori de la investigación en la que El Disenso descubrió que PAMI le paga 65 millones de pesos por el alquiler mensual de un piso, en el marco de un contrato de 36 meses por un monto total superior a 2300 millones, a una empresa de Kevin Pocovi, un militante liberal del entorno del presidente que lo acompañó a la reunión de la CPAC en Mar-a-Lago. La investigación fue presentada en Comodoro Py.
Esa investigación incluyó en su proceso consultas al sistema de Compras del Estado, al cual se accede a través de la plataforma Compr.AR, y tiene un apartado para buscar Proveedores. Hasta la fecha en la que publicamos la investigación del PAMI cualquier argentino podía ingresar, buscar el nombre de un proveedor estatal y luego al hacer “click” sobre el nombre del proveedor accediendo así a una página que mostraba los datos de inscripción y las categorías en las que dicho proveedor se hallaba inscripto.
Desde El Disenso revisamos con frecuencia los proveedores del estado en busca de sobreprecios y posibles connivencias para drenar las arcas públicas. Así pudimos identificar, por ejemplo, que la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, le adjudicó más de 500 millones a las cooperativas que se hallaban a nombre de sus funcionarios Sebastián Raspa y Daniel Bordalejo.
También nos sirvió para confirmar que Guillermo Garat, VP de YPF estrechamente vinculado a Santiago Caputo en la consultora política Move Group (aka Green Consult), adjudicó una fortuna vendiéndole servicios de consultoría de imagen a Mayra Mendoza en Quilmes y “galletitas de agua” al gobernador Axel Kicillof a través de la empresa “2 Tapitas”.
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Luego de nuestra investigación sobre la dilapidación de fondos de PAMI en favor del joven libertario Kevin Pocovi, el ejecutivo editó la página del compr.AR eliminando la posibilidad de ver a quien pertenecen las empresas registradas como proveedores del Estado, atentando contra la transparencia pública e impidiendo que el periodismo indague ahí donde los administradores del dinero público reparten su botín electoral.
Con este accionar, se abre una edad de oro para los empresarios prebendarios y para funcionarios que derivan negocios públicos hacia sus empresas fantasmas.