La Justicia ha imputado formalmente al exgobernador del Chaco, Jorge Milton Capitanich, en el marco de la causa que investiga un entramado de corrupción vinculado a la adjudicación fraudulenta de tierras fiscales. Según el requerimiento de instrucción firmado por el fiscal Carlos Martín Amad, Capitanich desempeñó un papel clave en la firma de decretos que facilitaron estas maniobras, beneficiando a funcionarios, empresarios y allegados políticos.
El escrito judicial detalla que la entrega irregular de tierras fiscales fue posible gracias a un esquema donde participaron diversas figuras de su gestión, entre ellas Marta Elena Soneira, exministra de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible. La adjudicación de terrenos se realizó a favor de empresarios ligados a la funcionaria y su círculo íntimo, incluyendo a su pareja, Mauricio Ariel Cian, y sus socios en las firmas Grupo Pampa Agro SRL y Pampa Semillas SRL.
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El informe judicial señala que Capitanich rubricó decretos que convalidaron la entrega de 2.500 hectáreas a los empresarios Federico Storti y Leandro Nicolás Bessone, quienes en sus solicitudes copiaron textualmente el mismo relato para justificar la necesidad de acceder a los terrenos. Estos documentos fueron aprobados con inspecciones irregulares y resoluciones firmadas por Sheina Waicman, presidenta del Instituto de Colonización, bajo la supervisión de Soneira y la ratificación del propio Capitanich.
El requerimiento fiscal destaca que el otorgamiento de tierras no solo violó normativas provinciales, sino que también se ejecutó con la participación activa de funcionarios que omitieron controles, manipularon inspecciones y favorecieron el tráfico de influencias. Entre las irregularidades se identificó la adjudicación de predios ya ocupados, la alteración de registros públicos y la manipulación de procesos administrativos para que los beneficiarios accedieran a subsidios, beneficios impositivos y financiamiento público.
Los informes del organismo fiscalizador revelan que las empresas involucradas experimentaron un crecimiento financiero exponencial durante la gestión de Capitanich, con inversiones en maquinaria agrícola, aeronaves privadas y expansiones inmobiliarias, todo ello sin justificaciones válidas en sus declaraciones juradas.
Por el momento, a Capitanich se le imputan los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública, lavado de activos de origen delictivo agravado por ser cometido con habitualidad como parte de una banda y por ser funcionario público, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de fondos públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
La conexión del exgobernador con la red de corrupción es directa: sin su firma, las adjudicaciones irregulares no podrían haberse concretado. El escrito de la fiscalía solicitó el levantamiento del secreto bancario bursátil y fiscal de Capitanich sostieniendo que su intervención fue determinante para consolidar un sistema donde los bienes del Estado se desviaron en favor de un selecto grupo de personas vinculadas a su administración. La investigación avanza con la recolección de pruebas documentales y el análisis de movimientos financieros de los imputados.