El diputado Rodolfo Tailhade, amplió su denuncia judicial contra el presidente Mauricio Macri y otros miembros del gabinete nacional en la causa del Correo Argentino aportando documental que corrobora que Macri orquestó desde el gobierno el autoperdón de 70 mil millones de pesos de deuda del canon del Correo Argentino, y que tuvo la complicidad de estudios de abogados que actuaron “desde los dos lados del mostrador”.
En el marco de la causa del Correo Argentino que tramita en el juzgado de Ariel Lijo, el legislador presentó una ampliación donde señala que de acuerdo a una investigación realizada por Ari Lijalad, el director de Asuntos Jurídicos del extinto Ministerio de Comunicación a cargo de Oscar Aguad, Juan Manuel Mocoroa, “pidió instrucciones a Aguad sobre una propuesta que se presentó 14 días después y de la que el Estado, legalmente, recién se enteró 20 días más tarde”.
“El Gobierno no sólo sabía los detalles de la propuesta de los Macri antes de que la presentaran, sino que incluso anticipó la mejora de esa misma oferta que harían. La prueba es la respuesta del entonces ministro Aguad a Mocoroa, con instrucciones de cómo actuar en la audiencia donde se acordaría la condonación de la deuda a la familia presidencial”.
Tailhade también hace referencia a la investigación publicada por Perfil donde se da cuenta que “la mayoría de los abogados que deben velar por los intereses de los acreedores tienen nexos con la deudora, es decir, con Correo”.
Por ejemplo, Ignacio A. Buceta, del estudio Tonelli, aparece representando los intereses de 15 acreedores que deben cobrar sus deudas de Correo, y al mismo tiempo figura como director suplente del Correo en 2007 y 2010. El estudio Tonelli es dirigido por el hermano del diputado de Cambiemos Pablo Tonelli y representa al Correo desde hace años. Pablo E. Sarín, otro miembro de ese estudio, es vicepresidente de Correo desde 2011; Mercedes Tonelli, abogada del estudio e hija del diputado, también cobró honorarios de Correo. Asimismo, en su última declaración jurada, el diputado Tonelli “manifestó tener el 50% de las acciones de una sociedad civil que lleva el nombre del estudio jurídico y su dirección”. Lo mismo ocurre con Claudio G. Lehmann, Germán G. Carnevale, Susana Piantelli y otra docena de abogados que representan a la mayor parte de los acreedores y a la vez tienen vínculos con el Correo.
La causa venía siendo era investigada por el fiscal Juan Pedro Zoni, quien esta semanas fue desplazado por el procurador interino Eduardo Casal, quien nombró en su lugar al fiscal Gerardo Pollicita, quien asumirá su cargo el lunes próximo y lo mantendrá en principio por un lapso de cuatro meses.
En la investigación “Correo Argentino: Las reuniones previas al acuerdo con Macri, Aguad, Pinedo y Alonso” fechada el 13 de febrero de 2017, desde El Disenso en exclusiva dimos a conocer que Mauricio Macri, Oscar Aguad, Juan Manuel Mocoroa, Federico Pinedo y Laura Alonso se reunieron con Jorge Irigoin antes de concretarse la audiencia pública que culminó con el escandaloso acuerdo entre el Gobierno y el Correo Argentino en beneficio del presidente, por lo que es difícil que ninguno de ellos estuviera perfectamente al tanto del negocio de se venía, tal como declarar oportunamente el senador Pinedo. Esta información, que ya había sido agregada a la causa oportunamente, se encontraba siendo investigada por el Fiscal Zoni, quien al momento de su desplazamiento acababa de presentar un informe en la PIA – Procuraduría de Investigaciones Administrativas, y solicitado un importante grupo de medidas para investigar esta serie reuniones.
La línea Temporal
El 15 de abril 2016 se realizó una reunión entre Mauricio Macri, Oscar Aguad, el firmante del acuerdo que condona al presidente, Juan Manuel Mocoroa, el recientemente imputado por negocios incompatibles con la función pública, Federico Pinedo y Jorge Irigoin, Presidente del Correo Argentino.
La que debe auditar el Acuerdo es Laura Alonso, titular de la Oficina Anti Corrupción, que ya se había reunido con Irigoin el 3 de junio de 2016, apenas unos días antes de la firma del acuerdo que benefició sustancialmente al presidente Macri.
A la reunión con Alonso también acudió Carlos Felpeto, actual Director del Correo Argentino.
El 28 de junio de 2016 se celebró la audiencia en la que el Correo Argentino adecuó su propuesta al Estado Argentino. Luego de un breve cuarto intermedio y sin revisión formal de ningún tipo,el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa, aceptó la oferta en representación del Estado.
Según los cálculos realizados por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, la propuesta aceptada significa una quita en la deuda de 70.163 millones de pesos, un 98,82 por ciento sobre el total de la deuda. Es decir, que el presidente Macri y su familia sólo pagarán el 1,18 por ciento de la deuda original que tenían con el Estado.
Con posterioridad a la firma del convenio, el mismo grupo volvió a reunirse con el presidente en dos oportunidades más: el 18 de agosto y el 22 de diciembre.
En los últimos días, luego de que explotara el escándalo de los $70.000.000.000, los funcionarios que participaron de los planes del Correo salieron a desmarcarse con las excusas más desfachatadas.
Oscar Aguad, solicitante de las reuniones, reconoció que el acuerdo firmado representa “un perjuicio para el Estado” pero, con total normalidad, lo enmarcó en el contexto de la pesada herencia.
Si, el Ministro de Comunicaciones afirmó que “la quita se hizo durante el kirchnerismo“, porque “la devaluación del dinero es la verdadera quita“.
Federico Pinedo, quien también participó de la reunión, declaró adustamente a la prensa que Macri “no intervino ni intervendrá en ningún tema vinculado a empresas familiares”. agregando que el presidente “No participó, ni dará instrucciones, ni participará en ningún acto vinculado al Correo Argentino, lo que será competencia del ministro que corresponda”, esto dicho por quien participó junto al mismísimo presidente de las reuniones con los implicados en la firma del cuestionado acuerdo.
La displicente Laura Alonso, que también participó en la mesa chica donde los funcionarios definieron los temas de gestión del Correo, no expresó ningún conocimiento del tema, prometió abrir una actuación administrativa en la oficina a su cargo, y aseguró que “No podemos adelantar una opinión porque sería irresponsable“.
Si la justicia determina que el acuerdo de Correo Argentino constituye un delito, estas reuniones para “analizar temas de gestión y recibir propuestas de trabajo” deberán ser analizadas como posibles actos preparatorios, y sus asistentes investigados como perpetradores y encubridores, en lo que podría ser la mayor asociación ilícita que se haya conocido hasta hoy en Argentina.
Correo Argentino: Las reuniones previas al acuerdo con Macri, Aguad, Pinedo y Alonso