A raíz de la investigación publicada ayer por El Disenso sobre el escandaloso contrato de alquiler de PAMI por más de 2.300 millones de pesos, el abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal contra el director ejecutivo del organismo, Esteban Ernesto Leguízamo, y otros involucrados en la operatoria.
Según la denuncia, presentada ante la Justicia Federal, los hechos expuestos por nuestra investigación revelan posibles delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública e infracción a la Ley de Ética Pública. La denuncia también menciona la conexión de la maniobra con la Fundación Faro, el think tank libertario, y la consultora política Move Group.
Nuestra investigación expuso que el PAMI adjudicó un contrato de 36 meses por 65 millones de pesos mensuales a la firma Inversora Eslava S.A., superando ampliamente los valores de mercado. Además, el organismo habilitó hasta 1.000 millones de pesos adicionales en concepto de “refacciones” que, cuatro meses después, aún no se han completado. Como si fuera poco, el PAMI abonó 46,8 millones de pesos a la firma Miriam Campos S.A. en concepto de “honorarios inmobiliarios”, pese a que la modalidad de compulsa directa no requiere intermediación. Esto sucede en un contexto en el que el Estado Argentino cuenta con innumerables inmuebles desocupados.
El vicepresidente de Inversora Eslava y beneficiario de este multimillonario alquiler del PAMI es Kevin Pocovi, un joven empresario que acompañó a Javier Milei en su viaje a Estados Unidos para asistir a la CPAC y a la posterior reunión en el exclusivo club Mar-a-Lago. Su padre, Marcelo Adolfo Pocovi, ex pareja de Zulemita Menem y padre de Malek Pocovi, fue quien representó a la empresa vicepresidida por su hijo y resultó ser el único oferente en una compulsa que derivó en un contrato con evidentes sobreprecios.
El PAMI está a cargo de la cartera de Salud al mando de Mario Lugones, el padre de Rodrigo Lugones, quien junto a Santiago Caputo se encuentran vinculados a la consultora politica “Move Group”. La denuncia también hace foco en que al inicio del mandato libertario, varios empleados de la consultora fueron contratados por el PAMI.
Dalbón solicitó que se ordene la presentación de documentación vinculada al contrato, se investiguen los movimientos financieros del PAMI y las empresas involucradas, y se analicen los vínculos entre los funcionarios intervinientes, la consultora política Move Group y la Fundación Faro.