Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos y exembajador en Israel, fue detenido para cumplir una condena de 8 años de prisión por corrupción. Este desenlace ocurre tras años de maniobras judiciales y políticas que le permitieron postergar, transitoriamente, su responsabilidad ante la justicia.
Se libró la orden de detención
La Cámara de Casación Penal de Entre Ríos rechazó los recursos presentados por la defensa del exgobernador, ratificando la condena dictada en 2022. De inmediato, el tribunal ordenó su captura, que se concretó esta mañana, poniendo fin a años de dilaciones para evitar el cumplimiento de la pena.
El salvoconducto oficial de 2020
En enero de 2020, desde El Disenso revelamos cómo el gobierno de Alberto Fernández le ofreció una salida diplomática a Urribarri al nombrarlo embajador en Israel, a pesar de que ya enfrentaba graves acusaciones por malversación de fondos públicos, direccionamiento de publicidad oficial y peculado. La propuesta de Alberto Fernández llegó justo cuando las fechas de sus juicios orales estaban fijadas.
Con el plácet del gobierno israelí y el respaldo del Senado, Urribarri asumió el cargo en medio del escándalo. Su nombramiento fue ampliamente criticado como una maniobra para protegerlo de enfrentar las causas en su contra, en una práctica que ya se había utilizado con otros funcionarios cuestionados, como Romina Picolotti.
Las causas que lo llevaron a prisión
La justicia de Entre Ríos logró condenarlo en 2022 por la megacausa conocida como “El Sueño Entrerriano”. Esta abarcó tres causas unificadas que demostraron el uso de fondos públicos para fines personales y políticos:
- El Parador Playero: Durante su gestión, se destinaron más de 14,5 millones de pesos para instalar un parador promocional en Mar del Plata, financiado con recursos públicos.
- La campaña presidencial disfrazada: Se pagaron 28,4 millones de pesos a la empresa de “Corcho” Rodríguez y Verónica Lozano para la difusión de spots publicitarios durante la Cumbre de Presidentes de 2014. Estos materiales buscaban instalar la candidatura presidencial de Urribarri para 2015, en una clara desviación de los fondos asignados al evento.
- La solicitada contra los Fondos Buitre: En junio de 2014, el gobierno provincial desembolsó 4,3 millones de pesos para publicar una solicitada contra los “Fondos Buitre”, con fines más propagandísticos que oficiales.
Además, la justicia lo encontró responsable en la causa “La Vaca”, donde se destinaron más de 24 millones de pesos en contrataciones a empresas vinculadas a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, para publicidad en vía pública.
El fin de la impunidad
La estrategia de Urribarri de prolongar los procesos judiciales y refugiarse en un cargo diplomático no fue suficiente para evitar la condena. En 2022, recibió una sentencia de 8 años de prisión, y hoy finalmente fue detenido para cumplirla.
El caso de Urribarri expone cómo los mecanismos del poder político pueden ser utilizados para intentar evadir la justicia, pero también marca un precedente sobre la importancia de que los responsables rindan cuentas. El exgobernador, que en su momento soñó con el poder absoluto de la presidencia, ahora podrá soñar con su libertad.
Tarde pero justicia a medias. Necesito que la jueza Goyeneche vuelva a su lugar, ya que la destituyeron por investigar