El Juez Lijo, quien tiene sobre su escritorio la denuncia contra el presidente por la deuda 70 mil millones de Correo Argentino que el Estado le quiso condonar a la familia Macri, pidió la detención del ex vicepresidente Amado Boudou en una causa donde no ha sido siquiera llamado a indagatoria. Un par de días atrás, Lijo fue públicamente denunciado por “cajonear causas” por el Colegio de Abogados de la Ciudad y la ONG Será Justicia, ambas instituciones ligadas a Cambiemos y a la Sociedad Rural.
En nuestro país, para que alguien vaya preso antes debe tener una sentencia condenatoria firme. Si no hay condena, todos somos inocentes ante la ley, se llama Presunción de Inocencia, forma parte del Estado de Derecho, y está garantizado por nuestra Constitución.
En algunas ocasiones, un juez puede solicitar o autorizar una detención previa a una sentencia, se trata de una medida excepcional y válida siempre y cuando se cumplan alguna de las siguientes condiciones: que exista peligro de fuga o bien que la persona pueda entorpecer el avance de la investigación en curso.
La causa por la que hoy fue detenido Boudou data del año 2012, y está compuesta por prueba documental que ya se encuentra producida, lo que hace caer el posible entorpecimiento en la investigación, y dado que el ex vicepresidente siempre se mantuvo a disposición de la justicia, tampoco existe riesgo de fuga.
En los últimos 5 años al frente de esta investigación, el juez Lijo no consideró que Amado pudiera fugarse o bien que hubiera riesgo de entorpecimiento, a pesar de que se trataba del Vicepresidente de la Nación ¿Cómo justifica entonces que hoy, alejado del poder y contrario al gobierno de turno, Boudou podría entorpecer una causa basada en prueba documental ya producida?
La respuesta a su actitud podría encontrarse en la apurada pública y mediática que el magistrado sufrió hace apenas apenas 48 horas donde los medios hegemónicos publicaron que en base a los “resultados preliminares” de la auditoría aprobada en 2016 por el Consejo de la Magistratura que solicitó la evaluación del trabajo de los juzgados federales de todo el país en los últimos veinte años, el Colegio de Abogados de la Ciudad, la ONG Será Justicia y la Usina de Justicia denunciaron al juez Lijo y al Juez Rafecas por un posible mal desempeño en sus funciones por el “cajoneo” de una serie de expedientes.