A raíz de una investigación exclusiva de El Disenso que expuso la “perdida” por parte del directorio del FGS de 1600 millones del fondo, el Juez Bonadio trabó la venta de las acciones de Petrobras al Grupo Pampa del amigo del presidente, Marcelo Mindlin, y ahora va tras el procesamiento del Ministro de Finanzas, Basavilbaso y apunta también a la CNV.
Ayer desde LPO se dio a conocer que el juez federal Claudio Bonadio trabó la venta de acciones que la Anses tenía en Petrobras al grupo Pampa de Marcelo Mindlin y podría procesar al ministro Luis Caputo, a Emilio Basavilbaso por entender que la Anses malvendió las acciones que tenía, y al titular de la CNV por autorizar la operación. De acuerdo a lo publicado, si bien la CNV no hizo declaraciones, poseen el expediente donde consta la supervisión del organismo de la operación cuestionada, pero lo mantienen puertas adentro ya que no fue publicado en la web oficial.
Vaciando el FGS
A través de la Ley 27181 que CFK impulsó en el Congreso hacia fines de su mandato, la presidenta logró la protección de los paquetes accionarios de empresas privadas que estaban en manos del FGS de ANSES. Según esa Ley, el estado no podría transferir o vender esos activos sin la venia de los dos tercios de ambas cámaras asegurando de esa manera los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Al asumir Macri y mientras todos nos encontrábamos escandalizados con José López y los bolsos con 9 millones de dolares que revoleaba a las 4 de la mañana en el convento, ese mismo día en el Congreso entre gallos y medianoche se votó la Ley de Reparación histórica que entre sus artículos derogaba la Ley 27181, dándole via libre al actual gobierno para desprenderse de los paquetes accionarios del FGS según lo encontrara conveniente.
El 2 de abril de 2017, desde nuestra investigación “Macri le regala a Odebrecht 20 millones de los jubilados y ANSES ya lleva perdidos mas de 1600 millones del FGS” explicamos en detalle como se produjo la operatoria: El camino ya estaba libre para hacer negocios con los amigos, y el primero comenzó a prepararse apenas unos días después. El 14 de noviembre Macri le condonó a las eléctricas la millonaria deuda por 19 mil millones que mantenían con Cammesa, esto le significó a Edenor (propiedad de Marcelo Mindlin, histórico “socio” del magnate Joe Lewis) un ahorro de $ 2.930,28 millones, dinero que apenas 1 semana después invirtió en la compra a mansalva de acciones de Petrobras. ANSES en esa oportunidad le vendió a Mindlin su paquete accionario en dicha empresa por la suma de $2496 millones (U$s 156 millones). Con esa movida Mindlin se hizo con del 90% de Petrobrás sin informar previamente a los accionistas minoritarios. Luego de la compra, se anunció la fusión de Petrobras con Pampa Energía, lo que ANSES vendió a $10,37 hoy cotiza a $17,30.
Especulando uno puede decir que de haber mantenido las acciones en Petrobras, el FGS hubiera hecho un negocio redondo, pues el desprenderse de ese paquete accionario le significó a los jubilados una perdida de $1.688.011.571,84 (U$s 104.250.723.24).
En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos condenó a Odebrecht a abonar una cifra que roza los U$S 3.500 millones por haber pagado sobornos para ganar más de 100 contratos en diferentes países entre los que se encuentra Argentina. Es de público conocimientos que las coimas de Odebrecht, llamadas “propinas” por los arrepentidos, eran utilizadas como forma para facilitar o aceitar grandes negocios de obra pública. En argentina Odebrecht y su socia IECSA, la constructora familiar que supo dirigir Mauricio Macri y ahora está en manos de Marcelo Mindlin (El mismo que compro las acciones de Petrobras) esta siendo investigada por el pago de 30 millones en coimas a funcionarios argentinos. Odebrecht y IECSA son socias en el soterramiento del sarmiento y ambas son adjudicatarias del gasoducto en Córdoba. Ademas de las coimas a funcionarios, Odebrecht admitió haber pagado 439 millones a partidos politicos. En Argentina también operó en por arriba de la mesa, literalmente, ya que fue una de las empresas que más cubiertos compró en la cena de recaudación de fondos en la que Mauricio Macri se hizo con más de $150 millones de pesos para su campaña. Odebrecht también realizó un aporte directo de medio millón de pesos, el máximo legal permitido, a través de una de sus subsidiarias, la química Brasquem Argentina S.A.
Braskem esta obsesionada con la petroquímica Solvay Indupa con sede en Argentina y filial en Sao Paulo – Brasil. En noviembre de 2013 anunció la compra de Solvay filial Brasil y luego en enero de 2014 intento la compra en Argentina pero en ambas oportunidades las autoridades locales dieron de baja las operaciones. En Brasil el Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), organismo que vela por la defensa de la competencia y en contra de los monopolios, alegó que la compra generaría una fuerte concentración por parte del Grupo Braskem. En Argentina, la Comisión Nacional de Valores rechazó la operación por no alcanzar los “requerimientos necesarios de precio equitativo” ya que la irrisoria oferta presentada por Braskem de $1.35/acción no guardaba relación con el valor promedio de cotización del último semestre que fue de $3,92-“. En este caso queda claro que las propinas de Odebrecht no lograron aceitar el negocio.
Esta vez, Brasquem operó a través de Inupar, pero no se alejó tanto de los métodos que utilizados en 2013. Según el Ministerio de Hacienda y Justicia de Brasil “Unipar Comercial & Distribuidora SA” es una sociedad controlada por Braskem desde el año 2011, esto significa que atrás de sus movimientos está Odebrecht.
En mayo de 2016, Unipar Carbocloro Brasil compró el 70,59% del capital y de los votos de Solvay Indupa Argentina por u$s 202 millones. La brasilera se hizo con 292,5 millones de acciones ordinarias quedando en el compromiso de realizar una OPA de las acciones representativas del 29,41% por ciento del capital de Solvay Indupa según lo exige la ley. En dicha OPA, Unipar Carbocloro Brasil le ofertó a los tenedores minoritarios de Solvay Indupa $0,87 cvs por acción. Este accionar violó la Ley de Mercado de Capitales que exige que el valor de la OPA salga del promedio de la cotización del ultimo semestre, lo que daria un valor de $3,47 y que motivó que la CNV suspendiera la cotización de Solvay en la bolsa.
El precio promedio desde que Solvay Indupa volvio a cotizar en bolsa el 18 de julio de 2016 hasta la primera semana de marzo de 2017 fue de 3,72. En esa semana, ANSES, tenedor del 16,71% de Solvay, decidió vender su paquete accionario a Indupa por U$s 15,14 millones a un valor de $3,47 la acción.
Según un informe técnico realizado por economistas, la diferencia entre el promedio de $3,72 y el valor de venta aceptado por ANSES de $3,47 representó una pérdida para ANSES de más de $20.000.000, un valor menor tomando en cuenta lo que el fondo hubiera ganado a la fecha de retener sus acciones en Petrobras. El desmanejo del FGS solo con la venta de las acciones de Petrobras y de Solvay a los amigos, le significó a los jubilados la perdida de $1.688.011.571,84.
Si bien Brasquem es propiedad de Odebrecht con el 51% de sus acciones, el dueño del 49% restante es Petrobras.
La denuncia llegó a la justicia
El 24 de abril de 2017, el Diputado Nacional Rodolfo Tailhade denunció penalmente a los miembros del Comité Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad por la posible comisión de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación contra la administración pública, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
En su denuncia el diputado solicitó se investigue la posible comisión de delitos por parte de Luis Caputo, Pedro Lacoste, Gustavo Marconato, Emilio Basavilbaso y Luis María Blaquier, exdirector del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, como así también a todos aquellos funcionarios públicos y sujetos que hayan tenido participación en los hechos que el diputado denuncia.
Tailhade denuncia FGS
El escrito hizo hincapié en la administración perjudicial realizada por el directorio del FGS y expuso los intereses personales entre los miembros del Comité, dado que algunos de los funcionarios involucrados poseen vinculación directa con los bancos beneficiados por la operatoria denunciada.
“Esto también podría explicar los motivos por los cuales personas con vasta experiencia ejecutaron acciones que resultaron claramente desventajosas para los intereses que debían resguardar” explicó el diputado.
Tailhade denuncia FGS
Allanamientos e imputaciones
Tras un pedido del fiscal Di Lello, en el mes de mayo de 2017, el Juez Bonadio ordenó allanar el Ministerio de Finanzas, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, Pampa Energía de Marcelo Mindlin, la Comisión Nacional de Valores (CNV), la empresa Indupa, la empresa Brasquem Argentina de Odebrecht y la constructora IECSA, que perteneció a la familia Macri, luego quedó en manos de Calcaterra y finalmente pasó a manos de Marcelo Mindlin, el mismo dueño de Pampa Energía.
También en mayo, el fiscal Jorge di Lello solicitó la imputación de Luis Caputo, los integrantes del Comité Ejecutivo del FGS, Pedro Lacoste, Gustavo Marconato, Emilio Basavilbaso y Luis María Blaquier.
En estos meses, Bonadio llevó adelante la causa y de acuerdo a lo informado por LPO, se espera esta semana el procesamiento del Ministro de Finanzas y de Emilio Basavilbaso, que podría hacerse extensivo al resto de los imputados en la causa.