El 8 de marzo, la policía de Tucumán, entrenada por la Policía de Los Ángeles, le disparó por la nuca a Facundo Ferreira, de 12 años. Al menos uno de los efectivos que efectuó los disparos al menor estaba drogado. La versión que brindaron los agentes señala que el niño disparó primero contra ellos, y encuentra sustento en el dermotest realizado por Gendarmería. Sin embargo, como este medio señaló en exclusiva el 10 de marzo, el examen de dermotest se realizó sobre la mano derecha de un niño zurdo. Pasó más de un mes hasta que ese “detalle” fue considerado en la causa, en la que surgió también, a la luz del primer resultado toxicológico, que al menos uno de los agentes dio positivo en consumo multisustancia de cocaína y marihuana. Hoy desde El Disenso volvemos a revisar el caso y el entorno.
En la madrugada del jueves 8 de marzo, Facundo Ferreira había ido con su amigo Juán a ver las picadas de motos en el parque 9 de Julio, un punto de reunión para niños jóvenes y adultos tucumanos. Cuando los niños de 12 y 14 años regresaban a la casa de su abuela en el barrio Juan Pablo XXIII, más conocido como La Bombilla, la policía interceptó la motocicleta en la que se desplazaban y disparó sobre ellos. Facundo recibió un tiro en la nuca que le provocó la muerte. De acuerdo al parte policial, los agentes perseguían a 6 jóvenes armados que se desplazaban en motocicletas, y respondieron al fuego de los menores. Con el paso del tiempo, la versión oficial genera cada vez mas dudas.
El proyectil que impactó en el cuerpo de Facundo tiene un recorrido ascendente. Entró por la nuca y salió por la frente. Esto implica que su cabeza estaría inclinada hacia adelante. Luego de atravesar a Facundo, la bala rozó la cabeza de Juán, hiriéndolo y dejando su trazo de ADN en el proyectil. De todo esto se deduce que Facundo muy probablemente estuviera abrazando a Juan para no caerse de la moto. La posición en que fue fusilado el niño no condice con la de un pistolero que corre en moto y dispara.
Facundo era zurdo. El dermotest positivo en la mano derecha implicaría, por lo menos, que disparó hacia los policías ubicados atrás de la moto sujetando el arma con ambas manos. Una proeza complicada para un pequeño e incongruente con la posición que tenía al recibir el balazo. El examen dio igualmente positivo para ambas manos de Juan, que manejaba la moto. Sin embargo, no hay sospechas sobre el examen, sino sobre la interpretación del resultado, ya que las pruebas de parafina hechas por Gendarmería son sensibles a cualquier contenido de pigmentos o combustibles (nitratos, nitritos, bario, plomo y antimonio pueden aparecer en detergentes, aceites, nafta y hasta en los pañales de un bebé) y coinciden con los datos incorporados a la causa respecto a que los niños trabajaron sobre el motor de la moto y cambiaron el caño de escape horas antes de ir a la zona de picadas clandestinas. Para dirimir estas cuestiones, la justicia ordenó la realización de pruebas de barrido electrónico, cuyos resultados se esperan en las próximas semanas.
Dos armas habrían estado en poder de los niños, según se desprende de las actas policiales sobre incidente. De las dos, un revolver calibre 22 apareció junto al cuerpo de Facundo, y la otra nunca apareció, tratándose, aparentemente, de un “error de tipeo” en el labrado del acta. El arma hallada en la escena fue sometida a las pericias de rigor, y pudo establecerse que no tenía huellas digitales ni ADN del niño que habría fallecido empuñándola, ni de Juan, ni de ningun otro ser viviente. En el video que acompaña esta nota no se observa a simple vista el arma que luego fuera encontrada junto al cuerpo del menor.
Dos agentes de la policía tucumana fueron imputados por el homicidio de Facundo. Se trata de Nicolás Javier González Montes de Oca y Mauro Gabriel Díaz Cáceres.
Mauro Gabriel Díaz Cáceres, en cambio, es un agente experimentado. Según ha constatado el abogado de la familia Ferreira, el efectivo llega a la escena del crimen con al menos tres causas previas por temas relacionados distintos abusos y excesos en el ejercicio de la fuerza.
Cocaína y marihuana
El examen toxicológico realizado por la fiscalía determinó que aquella noche fatal, el agente Diaz Cáceres patrullaba la ciudad de Tucumán habiendo consumido cocaína y marihuana. Sobre este punto, se ha alegado que los exámenes requeridos por el ministerio público fueron cualitativos, no cuantitativos, y que no se determinó la cantidad de cocaína consumida, pudiendo deberse el positivo a que el agente tiene la costumbre, extendida en el NOA, de masticar hojas de coca. En este momento están en curso nuevas pericias más profundas para esclarecer este punto. Mientras tanto…
Ambos efectivos continúan prestando servicios activos en la policía de Tucumán. Ninguno fue apartado preventivamente del cargo, porque, parafraseando a Patricia Bullrich, no es política institucional andar tirando agentes por la ventana. No obstante, a pesar de haber rendido satisfactoriamente sus exámenes de lengua, geografía e historia, el estado no les sustituyó las armas utilizadas en el incidente del fusilamiento de Facundo, y les dictó trasladó hacia áreas administrativas. Adicionalmente, González Montes de Oca fue sumariado por posible consumo de substancias estupefacientes.
Las cámaras de vigilancia, convenientemente apagadas
La fiscalía informó que tratarán de reconstruir el hecho a partir de segmentos de filmaciones personales ya que la justicia solo cuenta con material de los instantes previos al asesinato de Facundo. Cuando la fiscal fue en busca de las cámaras de vigilancia claves para la resolución del caso, encontró que no había material porque las cámaras no estarían operativas. Casualmente, el agente imputado González Montes de Oca, antes de ser policía se habría dedicado a la instalación de cámaras de seguridad en Tucumán. Este punto, que compartimos en exclusiva en El Disenso, no ha sido considerado aún en la causa.
Entre la prueba fílmica recabada, se destaca un video que fue tomado por una vecina de identidad desconocida. En el se puede ver a los agentes hostigando a Juan, que yacía en el suelo herido de bala. Ante las súplicas del menor, que pedía atención médica para su amigo tendido en el piso a su lado junto a un importante charco de sangre, uno de los agentes le respondió en tono jocoso “sos bien picarito vos, ¿no?, andá y decile a todos ahora”. No se ha podido establecer si Facundo estaba vivo en ese momento, y no se distingue a simple vista si el arma secuestrada a posteriori estaba en la escena, pero el registro deja en evidencia que los agentes habrían optado por burlarse de los menores, sin tomar ninguna medida de auxilio inmediato e incluso demorando el pedido de una ambulancia. El hospital Nestor Kirchner quedaba a escasos 150 metros de la escena. Ante el reclamo de los vecinos presentes, eventualmente se procedió a pedir el traslado del menor, que fue ingresado al Hospital Padilla como NN víctima de accidente de tránsito. La demora en la atención está siendo investigada como presupuesto de un posible delito de abandono de persona.
Maley, el hombre del control total
Claudio Adolfo Maley, Ministro de Seguridad de Tucumán, es el responsable del accionar de la policía en el caso Ferreira. Anteriormente fue Comandante Mayor de la Gendarmería y jefe de la IV Región de la Fuerza. Se trata de la misma dependencia encargada de las principales pericias del caso Ferreira. El desempeño de Maley en la regional merece ciertos cuestionamientos, especialmente considerando que bajo su mando 43 gendarmes fallecieron durante un traslado de Salta hacia Jujuy, a donde se dirigían en diciembre de 2015 con objeto de reprimir una “posible” toma de la plaza Belgrano en Jujuy por parte de un grupo de La Cámpora y de la Tupac, de acuerdo a un falso informe de inteligencia (ver investigación: “Daño Colateral: 43 gendarmes muertos por un informe de inteligencia falseado“). Lejos de ser un accidente, las pericias demostraron que el siniestro se debió a la corrupción del cuerpo de gendarmería, que sustituyó las cubiertas del micro modelo 2008 por otras recapadas de mayor antiguedad, ilegales para el tránsito en ruta. Estas y otras cuestiones relativas al fallecimiento de los 43 gendarmes, fueron fuente de diversas denuncias contra la cúpula de la fuerza.
Maley también es responsable de las cámaras de seguridad que podrían haber echado luz sobre los acontecimientos que terminaron con la muerte de Facundo Ferreira, ya que las controla en tanto ministro. Pero esta no es la primera vez que Maley tiene problemas referidos a cámaras de seguridad. Para las elecciones de 2015, la Junta Electoral de Tucumán contrató por 6.3 millones a gendarmería para custodiar las escuelas y las urnas, para cuya filmación gendarmería contrató a la empresa InfoFOJ, sin experiencia en colocaciones de esa envergadura, cuya “sede comercial” se encuentra en una precaria tapera de la ciudad de Santiago del Estero. En ese momento, no se pudo contar con la filmación de las cámaras por culpa de “microcortes”. Dos años después, se reitera un inconveniente técnico con las cámaras de vigilancia a cargo de Maley y la fiscalía se ve impedida de contar con el registro fílmico del fusilamiento de Facundo.
Fuera del caso Ferreira, Maley debió responder en el juzgado de Servini de Cubría por el paradero de 15 camionetas Iveco 0km que habrían sido entregadas a la IV Región bajo su comando antes de desparecer en el éter. Y no es descabellado esperar que las actuaciones federales que indagan sobre el destino de los 15 vehículos también terminen desapareciendo en el éter, porque es principio general del derecho que lo accesorio siga la suerte de lo principal.
Crédito foto principal: fotomontaje realizado con captura de pantalla y foto de La Garganta Poderosa.