En esta investigación de El Disenso te mostramos que Mauricio Macri, Oscar Aguad, Juan Manuel Mocoroa, Federico Pinedo y Laura Alonso se reunieron con Jorge Irigoin antes de concretarse la audiencia pública que culminó con el escandaloso acuerdo entre el Gobierno y el Correo Argentino en beneficio del presidente, por lo que es difícil que ninguno de ellos estuviera perfectamente al tanto del negocio de se venía, tal como ha declarado adustamente el senador Pinedo.
Jorge Irigoin era el Director Ejecutivo de Correo Argentino en tiempos de Franco Macri. Hoy, en el Gobierno de Mauricio Macri, Irigoin es el Presidente del Correo Argentino, y también quien se reunió en reiteradas oportunidades con Oscar Aguad, Mauricio Macri, Federico Pinedo, Juan Manuel Mocoroa y Laura Alonso a fin de “analizar temas de gestión y recibir propuestas de trabajo“. Si de gestión se habló, el acuerdo con el Correo Argentino que, según las denuncias penales, implicó un beneficio de más de $70 mil millones para el presidente Macri, no pudo quedar fuera del temario de esas reuniones. Mauricio, junto a sus hermanos Gianfranco y Mariano son los actuales dueños de SOCMA, y si bien Mauricio anotó las acciones a nombre de sus tres hijos, aún conserva su usufructo y es principal beneficiario del cuestionable acuerdo.
La línea Temporal
El 15 de abril 2016 se realizó una reunión entre Mauricio Macri, Oscar Aguad, el firmante del acuerdo que condona al presidente, Juan Manuel Mocoroa, el recientemente imputado por negocios incompatibles con la función pública, Federico Pinedo y Jorge Irigoin, Presidente del Correo Argentino.
La que debe auditar el Acuerdo es Laura Alonso, titular de la Oficina Anti Corrupción, que ya se había reunido con Irigoin el 3 de junio de 2016, apenas unos días antes de la firma del acuerdo que benefició sustancialmente al presidente Macri.
A la reunión con Alonso también acudió Carlos Felpeto, actual Director del Correo Argentino.
El 28 de junio de 2016 se celebró la audiencia en la que el Correo Argentino adecuó su propuesta al Estado Argentino. Luego de un breve cuarto intermedio y sin revisión formal de ningún tipo,el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa, aceptó la oferta en representación del Estado.
Según los cálculos realizados por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, la propuesta aceptada significa una quita en la deuda de 70.163 millones de pesos, un 98,82 por ciento sobre el total de la deuda. Es decir, que el presidente Macri y su familia sólo pagarán el 1,18 por ciento de la deuda original que tenían con el Estado.
Con posterioridad a la firma del convenio, el mismo grupo volvió a reunirse con el presidente en dos oportunidades más: el 18 de agosto y el 22 de diciembre.
En los últimos días, luego de que explotara el escándalo de los $70.000.000.000, los funcionarios que participaron de los planes del Correo salieron a desmarcarse con las excusas más desfachatadas.
Oscar Aguad, solicitante de las reuniones, reconoció que el acuerdo firmado representa “un perjuicio para el Estado” pero, con total normalidad, lo enmarcó en el contexto de la pesada herencia.
Si, el Ministro de Comunicaciones afirmó que “la quita se hizo durante el kirchnerismo“, porque “la devaluación del dinero es la verdadera quita“.
Federico Pinedo, quien también participó de la reunión, declaró adustamente a la prensa que Macri “no intervino ni intervendrá en ningún tema vinculado a empresas familiares”. agregando que el presidente “No participó, ni dará instrucciones, ni participará en ningún acto vinculado al Correo Argentino, lo que será competencia del ministro que corresponda”, esto dicho por quien participó junto al mismísimo presidente de las reuniones con los implicados en la firma del cuestionado acuerdo.
La displicente Laura Alonso, que también participó en la mesa chica donde los funcionarios definieron los temas de gestión del Correo, no expresó ningún conocimiento del tema, prometió abrir una actuación administrativa en la oficina a su cargo, y aseguró que “No podemos adelantar una opinión porque sería irresponsable“.
Si la justicia determina que el acuerdo de Correo Argentino constituye un delito, estas reuniones para “analizar temas de gestión y recibir propuestas de trabajo” deberán ser analizadas como posibles actos preparatorios, y sus asistentes investigados como perpetradores y encubridores, en lo que podría ser la mayor asociación ilícita que se haya conocido hasta hoy en Argentina.