El próximo martes 6 de febrero comienza el juicio oral y público del Caso Paulina Lebbos, la joven asesinada en Tucumán en marzo de 2006, que se transformó en la mayor apuesta de Cambiemos para desestabilizar al PJ en la provincia. Con un Manzur en su propio juego con miras al 2019, Cano continua sus embates contra Alperovich a fin de frenar su regreso a la provincia, mientras PratGay aprovecha la distracción de Cano para ganar terreno de la mano de Sandra Manzone, de las huestes de Carrió.
El 11 de marzo de 2006, el cuerpo de Paulina Lebbos apareció en un descampado. Durante 11 años su padre, Alberto Lebbos, atravesó un largo proceso judicial tratando de dar con la identidad de quien asesinó a su hija, pero desde que asumió Macri, el proceso se vio repentinamente acelerado. La relación de Lebbos con el diputado Cano y el ex diputado Masso viene desde antes que desapareciera Paulina. Durante este tiempo, la voluntad de Lebbos fue convenientemente aceitada para que a través de marchas y acciones apuntara a desgastar la imagen del PJ en la figura de Alperovich.
Desde diciembre de 2015, Lebbos se reunió con varios referentes de Cambiemos, incluyendo al presidente, Michetti, Bullrich y el Ministro Garavano, y automáticamente la causa tomó la velocidad de la luz. El 21 de marzo de 2016, Lebbos tuvo su primera reunión con el Ministro de Justicia, a quien visitó con un informe sobre el estado de la causa por el crimen de su hija. En noviembre, Garavano a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, solicitó a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que dos veedores con parcialidad completamente asegurada, el radical Juan Roberto Robles y la funcionaria Ana Colombres Garmendia, tuviesen acceso a 33 procesos judiciales. Encabezaban la lista el Caso Lebbos, y el Caso Albaca, la acción iniciada en 2014 contra el ex fiscal Carlos Albaca, por su desempeño durante el Caso Lebbos.
Ana Colombres Garmendia forma parte de una de las familias mas representativas del macrismo en Tucumán. Su primo, Alberto Colombres Garmendia, es el Presidente del PRO en la provincia, legislador provincial desde 2015 y candidato a diputado por Cambiemos en las elecciones de 2017. Los padres de la veedora son propietarios de Molino Sanda SA en Los Ralos, el establecimiento elegido por Mauricio Macri para realizar en su última visita un acto vedado al público. En ese mismo viaje, Macri compartió escenario con el referente local de la Juventud de Cambiemos Agustín Romano Norri, mano derecha de Cano, actual concejal y precandidato denunciado por acoso sexual, quien horas antes del acto con el presidente envió por Whatsapp el escandaloso audio en el que decía que “Eva Perón es puta” y reivindicaba “Viva el Cáncer“.
Juan Roberto Robles es un conocido dirigente radical y abogado personal de José Manuel Cano. Juntos conforman un equipo de trabajo: mientras Robles se dedicaba a representar diversas personas que accionaban legalmente contra el gobierno de los Alperovich, Cano se movía haciendo lobby y llevando el tema a los medios hegemónicos en un esquema de desgaste estratégico para esmerilar la imagen del matrimonio. En septiembre de 2017 Robles “extravió” el expediente de la Universidad Nacional de Tucumán en el que se lo acusaba de incumplir con su obligación laboral como profesor adjunto con semidedicación de la cátedra “A” de Derecho Penal II. Robles se justificó aduciendo que se le “traspapeló” el documento que lo investigaba, y la decana Adela Seguí debió ordenar la reconstrucción del expediente desaparecido en manos del “veedor imparcial” del Ministerio de Justicia.
Con estos veedores de alevosa parcialidad el poder ejecutivo nacional presiona a la justicia tucumana violando la independencia de poderes y vulnerando la autonomía provincial. Una avanzada aberrante sobre el sistema republicano federal a realizarse con la cobertura artillera de los medios hegemónicos.
Denuncian a Lebbos por quedarse con dinero de Cano y de La Bancaria
El padre de Morena Caciccio, la beba tucumana que falleció en 2012 y a quien Lebbos invitara a unirse a su grupo de “familiares de víctimas de la impunidad“, acusó a Lebbos de quedarse con dinero que estaba destinado a los integrantes de la comisión, asegurando que José Cano y La Bancaria le envían todos los meses fondos a Lebbos para ayudar a las familias que integran la comisión. “Nos enteramos de que la comisión recibía a nivel nacional una ayuda económica que provenía de Cano y de la Bancaria, destinada a los padres. Era dinero para gente pobre como yo” relató Caciccio, asegurando que Lebbos “Recibía plata y nunca la distribuyó”.
El Disenso pudo acceder al testimonio de un ex miembro de la Comisión, cuya identidad mantendremos en reserva. Según aseguró, “detrás de la organización hay un dineral“, y explicó que Lebbos “recibe cheques de la bancaria, cada 3 meses, por casi 300 mil pesos” y que “recibe de un político del Partido Obrero un cheque mensual de $50 mil“. Además, señala a Federico Masso, que se desempeñó como suplente de Cano en Diputados, como intermediario entre la Comisión y la secretaría privada de José Cano, a quien responde todo el armado.
Ante las graves acusaciones, Alberto Lebbos ensayó una defensa minimalista expresando: “Yo no recibo plata de nadie“, “Ni siquiera quisimos tener personería jurídica para que nadie se confunda”.
Si la Comisión tuviera personería, Lebbos estaría obligado a declarar las donaciones recibidas, por lo que mas que una confusión, se trata de una maniobra de evasión. Alberto Luis Lebbos tiene una ferretería, y está registrado en AFIP como trabajador autónomo categoría T3 con ingresos de hasta $25.000 mensuales desde agosto de 2013, justo cuando Lanata catapultó la hipótesis de “Los hijos del Poder”.
Su registro tributario no se condice con el dinero recibido de parte de Luciana y Ramiro Muratore a través de dos cheques, fechados el 22 de marzo de 2017, provenientes de las empresas Murato Construcciones SRL y Cafeli SRL, con montos de $119.874,10 y $115.573,67 respectivamente.
Ramiro y Luciana Muratore son los primos de Francisco Trejo Muratore, entonces Secretario General de la Asociación Bancaria y hoy pro secretario de Acción Social y Deportes en la conducción nacional de La Bancaria, entidad señalada por las víctimas de la inseguridad como proveedora de dinero para la Comisión que preside Lebbos.
Con estos dos cheques por $235.447,77 se adquirieron en el mes de agosto 2 camionetas Amarok, una a nombre de José Adrián Pérez y otra a nombre de Víctor Hugo Langella. En el reverso de los cheques puede apreciarse que ambos fueron endosados por Alberto Luis Lebbos de puño y letra.
Luego de nuestra última investigación, un enconado Lebbos se acercó a nuestro blog a descalificarnos, sin detenerse a aclarar si alguna parte del texto merecía corrección. En ese momento, desde El Disenso, aprovechamos el contacto directo para realizarle un par de preguntas referidas a estas “donaciones” de dinero proveniente de Buenos Aires, su destino final y el origen de su financiamiento. No recibimos respuesta.
Mientras Cano tiene todos sus cañones apuntando al PJ en la provincia y cuida que las acusaciones contra Lebbos no hagan pie en la prensa hegemónica a fin de evitar inconvenientes salpicaduras a su imagen, PratGay que durante 2016 realizó el cambio de domicilio a Tucumán, comenzó a recorrer la provincia a fin de presentarse para gobernador en 2019. Su apoyo local es la concejal tucumana Sandra Manzone, una dirigente de Carrió que es fervientemente opositora al PJ provincial.