Los dueños del voto

En unas pocas semanas el Congreso discutirá el proyecto de ley sobre el voto electrónico, un tema deliberadamente instalado en la sociedad argentina. En esta nueva investigación de El Disenso te mostramos como la seguridad de la elección quedaría expuesta a estados y empresas extranjeras, cuales son los intereses reales detrás del lobby del voto electrónico  y te contamos quiénes son los funcionarios clave para lograr la reforma electoral para el 2019.

Una empresa bien argenta

GRUPO MSA es una empresa proveedora de software de alta tecnología que abarca sistemas de seguridad, sistemas de gestión financiera, sistemas para municipios, la programación de sistemas de venta online, pero la estrella absoluta del grupo es el sistema integral para procesos electorales que ya ha sido utilizado en la argentina. A través de su subsidiaria Vot.Ar, este grupo ha ganado una indiscutible experiencia en el área del voto electrónico, implementando su sistema tanto en la provincia de Salta como en la Ciudad de Buenos Aires. Se presenta como un grupo argentino conformado con capitales 100% nacionales y más de 20 años de experiencia.

En 1983, en la república de Israel, se crea Mashov Software Export (MSE), una de las mayores empresas de desarrollo de software del mundo que desde inicio de los ochentas ha sido proveedora de soluciones informáticas para grandes corporaciones y también para algunas entidades públicas tales como las Fuerzas de Defensa Israelíes. En 1991 la empresa pone un pié en el nuevo continente y se convierte en la primera empresa informática israelí en ingresar al NASDAQ, al internacionalizarse cambia su nombre por Magic Software Enterprises. Los principales accionistas del conglomerado MSE son Denver Investment LLC, Harel Assurance LTD, Renaissance Technologies LLC, Menta Capital LLC y Edmond de Rotschild Holding SA. El grupo Magic Software Enterprises está sometido a la jurisdicción israelí tanto como a los tribunales norteamericanos, en ambos países rigen estrictas doctrinas de seguridad que permiten a sus gobiernos niveles prácticamente ilimitados de acceso a la información.

En 1995, nace Magic Software Argentina, con la denominación MSA SRL; la sociedad estaba compuesta por dos cuota-partistas, Sergio Osvaldo Orlando Angelini y Alejandro Poznansky, siendo el primero la cara comercial de la empresa y, en la actualidad, la cara visible del sistema integrado electoral Vot-Ar, y el último el especialista tecnológico. Magic Software se dedicaba a importar, adaptar y comercializar en argentina sistemas informáticos y a representar y ser mandante nacional de empresas extranjeras tales como de Magic Software Enterprises. En 1998 la empresa de Angelini y Poznansky “MSA SRL” se transforma en “MSA Magic Software Argentina SA”, un año después entra en el negocio electoral ganándole una licitación para realizar el Escrutinio Provisorio de las Elecciones Provinciales en Salta al gigante SOCMA.

En 2013, adopta la denominación “GRUPO MSA SA”. Una empresa argentina, de capitales 100% argentinos con más de 20 años de experiencia comercializando software… importado.

Confianza ciega

En 2013, meses antes de que la boleta única electrónica tuviera su bautismo de fuego en las elecciones de la provincia de Salta, la empresa se renovó. Además del cambio de nombre deciden ocultar un socio y cambiar la imagen. Poznansky desaparece de escena dejando a Angelini como único rostro visible, y dejan de definirse como una distribuidora de software en diversos países de américa latina para pasar a presentarse como un conglomerado argentino, de capital 100% nacional con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de software de alto valor agregado. A pesar de que el Grupo MSA se desprendió de la representación de MSE, Poznansky, a través de Generática, sigue siendo el representante en argentina de la firma Magic Software Enterprises y explota el portal magicsoftware.com.ar

El software provisto para la implementación del voto electrónico ha sido objeto de serios cuestionamientos. Una auditoría realizada por el ITBA sobre un equipo de votación provisto por MSA, bajo reserva de que el producto auditado no necesariamente fuera el mismo que el utilizado en los comicios, estableció que la aplicación electoral cuenta tanto con código abierto como con código cerrado, que no se le brindó a los técnicos ninguna información sobre el código fuente ni sobre la arquitectura del sistema y que la empresa MSA no proveyó siquiera los manuales de procedimiento. El informe deja asentado que no se pudo auditar la carga y transmisión de datos, y concluye con una alarmante advertencia, señalando que los bajos estándares del cifrado implican que la información puede ser vulnerada por terceros durante la transmisión de los resultados.

Dos meses después de la advertencia del ITBA, y a solo dos días del ballotage porteño, los servidores de MSA fueron vulnerados. La jueza Maria Luisa Escrich comprobó que intrusos no identificables se infiltraron en el sistema y alteraron la base de datos. En ese contexto y con una diferencia de 11 votos por mesa, Horacio Rodriguez Larreta se hizo con la jefatura de gobierno, y Fernando Straface, director de CIPPEC e impulsor del voto electrónico, fue nombrado Secretario de Gobierno de la ciudad.

Ver investigación:
Voto electrónico: Crónica de una elección hackeada.

Si bien el sistema de MSA es publicitado como 100% argentino y “open surce”, la presencia de paquetes con código cerrado en el producto de la distribuidora argentina de Magic Software Enterprises significa que parte de la programación es de origen y contenido desconocido e inauditable por el estado argentino; sin embargo, no puede garantizarse que otros países no tengan acceso a esa información.

Pinky…

Juan Manuel Urtubey es, de larga data, un entusiasta promotor de los productos MSA. El salteño, siempre de la mano de Angelini, ha peregrinado muchísimas provincias y municipios para instalar el producto que Magic Software distribuye. Pero su defensa del negocio de MSA no se reduce a convertirse en la cara visible del sistema integrado de voto electrónico; desde 2011 el gobernador ha invertido crecientes sumas de dinero del erario público en partidas destinadas a instalar el sistema integrado Vot.ar.

Desde 2011 Urtubey delega en el CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) la tarea de realizar informes de difusión sobre la experiencia electoral de e-vote en salta, publicar notas de opinión sobre el tema en medios de todo el país, brindar talleres y especializar periodistas en la problemática electro-electoral. En la práctica, la implementación del convenio incluyó que el CIPPEC galardonara a Urtubey con un premio hecho a la medida de sus aportes, en “innovación en la gestión pública”.

 

…y Cerebro.

Detrás del rostro distraído y soñador de Fernando Straface se esconde el cerebro estratégico del proyecto para la implementación del voto electrónico en Argentina. Straface dirigió el CIPPEC hasta diciembre de 2015 y, si bien es cierto que en 2010 se posicionaba en contra del voto electrónico por considerarlo inseguro, desde el momento en que firmó de puño y letra millonarios convenios con Salta para difundir y promover la experiencia del voto electrónico sus recelos se desvanecieron. El cumplimiento de los acuerdos de difusión fue notable. El director del CIPPEC también organizó una serie de eventos en el Senado de la Nación para adoctrinar a los legisladores en lo que a la “Reforma Electoral en la Agenda del Nuevo Congreso” respecta, naturalmente el ponente estrella fue el gobernador salteño. El grupo de presión actuó con tal eficiencia que, según informa el propio CIPPEC, durante el período de uno de los convenios lograron 1336 menciones en medios nacionales y extranjeros, mientras que sus miembros publicaron más de 100 columnas de opinión. A cambio de tales servicios, y solo durante 2014, Urtubey pagó a Straface la suma de $884,709.

CIPPEC es un think-tank que, según sus propias publicaciones, posee “experiencia en la incidencia de campañas electorales”. El objeto primario de la organización es la incidencia en campañas, y no la innovación tecnológica, clarificar este punto es determinante ya que sus informes sobre la experiencia electrónica de Salta circulan como si se tratara de una entidad desinteresada. El centro de estudios creó VIPPAL, una red latinoamericana de think-tanks que hace pie en Ecuador con la fundación El Faro, un operador que facilitó la llegada de los productos de MSA al país cordillerano donde se realizaron pruebas piloto con las máquinas que antes se utilizaron en Buenos Aires.

En la cena anual del CIPPEC 2015, su director, Fernando Straface, se expresó categóricamente: “trabajamos para ser, de largo plazo, el mejor negocio para el sistema político…”.

 

La actividad y la capacidad operativa del CIPPEC merece ser objeto de un estudio pormenorizado. Esta organización tiene poco en común con otras fundaciones que rodean al gobierno sin hacer mucho más que recibir dinero y perder los comprobantes. Se autodefine como “apartidaria” pero tendría más sentido definirla como transversal. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires también implementó el sistema electrónico integrado Vot.Ar creado por la distribuidora Magic Software. Los contratos entre CABA y CIPPEC son mayores que los firmados por Salta. En los últimos años la gestión del gobierno porteño pagó $4.131.482 al think-tank por diversas y confusas consultorías externas; la influencia de Straface creció al punto de ubicarse hoy como Secretario de Gobierno de Horacio Larreta.

Un pequeño párrafo aparte merecen Gonzalo Straface, hermano menor de Fernando, y Hernán Charosky, investigador del CIPPEC y hombre clave en la organización del evento “Argentina Debate”. Gonzalo Straface es hoy Director Nacional de Formación de Políticas Públicas y dirige la Escuela Superior de Gobierno mientras que Charosky se desempeña como Subsecretario de Reforma Política de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; ambos operadores de Straface ocupan cargos de valor estratégico para los objetivos de un think-tank dedicado a influir sobre los procesos democráticos a través de la imposición de políticas públicas.

¿Qué haremos esta noche Cerebro?

CIPPEC fue también organizador del evento “Argentina Debate”, el espacio de aparente neutralidad donde “Mauricio” y “Daniel” esgrimieron sus propuestas. La organización le concedió un espacio en el predio al periodista autodefinido como independiente, Luís Majul, para que organice una mesa de opinión sobre el evento. En defensa de Daniel, la producción invitó a Juan Manuel Urtubey, que aquella misma semana se había conducido con calculada apatía cuando, en la mesa de Mirtha, Pilar Rahola ridiculizaba a una inexperta Karina Rabolini. El espectáculo de ver al león del voto electrónico desconcertado, defensivo y amedrentado por los ataques voraces de Laurita Alonso contra el proyecto Nac&Pop contribuyó a tirar por tierra los efectos de un debate que, en si mismo, había resultado parejo.

La organización contó con el patrocinio CIPE (CENTER OF PRIVATE ENTERPRISES), una entidad que tiene por objeto fortalecer la democracia en el mundo. CIPE se solventa con fondos de NED (National Endowment for Democracy), que aportó a la organización de Straface USD 149.959; de la USAID (Center for International Private Enterprise) y del Departamento de Estado de Estados Unidos, por entonces encabezado por John Kerry.

 

 

Al ingresar a la administración pública Straface se desvincula formalmente del CIPPEC, pero sigue trabajando sobre la misma agenda y con esfuerzos redoblados. Andres Ibarra, ministro de Modernizacion, viajo a Corea del 30 de junio al 1 de julio para firmar el cuestionado memorandum de entendimiento. A su regreso, Cancillería anunció que la península asiática participaría en la “Licitación pública nacional e internacional para la adquisición de equipos y software” necesarios para la implementación a nivel nacional del proyecto de voto electrónico a partir de 2017. Durante la misma semana, el Ministerio de Modernización informó que se estaban preparando los pliegos de las licitaciones para la adquisición de 120 mil máquinas de votación y sus respectivos sistemas.

El 3 de julio, cerrado el memorandum por el ministro Ibarra, Straface viaja a Corea para afinar las negociaciones. Allí, el lobista se reunió con el Director General de la División de E-Government del Ministerio de Interior de la República de Corea, y con otras autoridades del ámbito público y privado especializados en la problemática del voto electrónico. En dicha reunión se acordó un plan de cooperación e intercambio en el area de “e-government” y de “e-vote”.

A su regreso, el lunes 11 de julio, Straface se reunió en Argentina con Kang Sung Jo, director general de la División Global de e-Government del Ministerio del Interior de la República de Corea, Yu Heesook y Heo Yoonju, vicedirectora y gerente global de Proyectos de la División de Alianzas Urbanas Globales del Gobierno Metropolitano de Seúl. Dicha reunión buscó acordar la cooperación e intercambio en el área de e-gobierno y del e-voto o voto electrónico.

Por entonces, el proyecto de de reforma electoral aún no había sido tratado por el congreso, por lo tanto no había marco normativo y tanto la compra como el compromiso de compra de equipos era ilegal.

La web de CABA menciona que “Del encuentro participaron, además, representantes de las siguientes agencias gubernamentales de Corea: Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Korean Public Procurement Service, Agencia Nacional de Información, Association of World Electoral Bodies (A-WEB) y la Agencia de Internet y Seguridad“. En Corea el organismo encargado del voto electrónico dentro del e-gobierno es el Ministerio del Interior, y para las elecciones se complementa con el Ministerio de Justicia, la procuraduría, la A-web y la agencia de seguridad e internet; juntos conforman la tan mentada Comisión Coreana de Elecciones.

El material de consulta provisto por la comitiva visitante deja en claro que el acuerdo previo con Corea constituía el compromiso de implementar el voto electrónico sin que el tema hubiera sido siquiera tratado en comisión. El informe presentado por la comitiva asiática brindó un detalle respecto a la “e-Democracia”, a la implementación del voto electrónico y a las “e-elecciones” como parte del sistema de e-Gobierno que Argentina se comprometió a utilizar. El texto explica que el sistema crea “las bases para que las personas puedan votar desde cualquier lugar dentro de la Nación“, agregando que para incrementar la cantidad de votantes “se desarrollará un sistema de voto electrónico enlazado a Internet o kioskos“.

En otras palabras, si el proyecto se implementa al máximo de su potencialidad, muy pronto cambiar un presidente podría ser tan sencillo como comprar condones.