A mediados de 2017, desde El Disenso expusimos el plan del gobierno para reducir drásticamente la administración pública y te adelantamos que comenzaría con los empleados en edad de jubilarse. En noviembre entró en vigencia el “Plan de Retiro Voluntario” para empleados del Congreso. Hoy volvemos a tocar el tema, y esta vez te explicamos porque no conviene adherirse a esta nueva propuesta de Cambiemos, y que es lo que te ocultan detrás de la sonrisa y el globo.
El pasado 28 de junio, desde El Disenso te contamos que en el informe 16/346 emitido por el FMI en noviembre, se solicitó una reducción estructural del empleo público a nivel federal y provincial, donde se aconseja realizarla mediante un censo de agentes que permita rastrear y controlar a los empleados públicos, identificando a los trabajadores fantasmas y estableciendo una reducción basada en el desgaste.
El método de reducción de personal propuesto por el fondo se basa en apelar a que los mismos empleados renuncien o se retiren voluntariamente para eludir las indemnizaciones, mientras que se evita la toma de nuevos empleados logrando de esa manera una reducción drástica de la planta al menor costo económico.
Según los números manejados por el Ministerio de Triaca, argentina cuenta actualmente con una planta de 3.458.448 empleados públicos a nivel nacional, de los cuales 739.097 son empleados estatales nacionales, 2.277.662 son empleados estatales provinciales y los 441.689 restantes son empleados públicos municipales, pero los datos que maneja el Ministerio de Modernización puertas adentro hablan de 4 millones y medio de empleados estatales.
De acuerdo a la información recibida por El Disenso, el plan de acción de Modernización persigue el objetivo de reducir la planta estatal en 500.000 trabajadores. Desde el área de “Responsabilidad Social” se evaluaron los censos aportados por las diferentes reparticiones estatales, siendo los primeros items en la lista los empleados cercanos a la edad jubilatoria, discapacidad y reorganización. Los empleados que estén cerca de jubilarse serán persuadidos para presentar los papeles ya que “de todos modos los van a despedir“, los empleados discapacitados serán censados para saber si se encuentren en sus puestos de trabajo, y el proceso de “reorganización” implica cubrir en las diferentes áreas los empleados faltantes con empleados sobrantes de otras reparticiones.
El “censo” al que hace mención la información recibida, se refiere a la “Base integrada de información de empleo público y salarios en el sector público nacional” creada el pasado 29 de Mayo a través del Decreto 365/2017 que lleva las firmas de Macri, Peña, Dujovne e Ibarra.
Esta reducción va a contrarreloj de otro de los requerimientos del FMI que es el proyecto de suba de la edad jubilatoria que el gobierno incluyó en la reciente Reforma Previsional aunque con ciertas salvedades ya que se le otorga al sector privado la posibilidad de extender la edad jubilatoria a los 70 años en forma optativa para ambos sexos, mientras que los estatales quedan excluidos.
El Plan de Retiro Voluntario del Congreso
Desde el 1 de noviembre de 2017 y hasta el 29 de enero de 2018, los trabajadores del Congreso de la Nación que se encuentren en la modalidad de planta permanente, tengan desde 55 años la mujeres y 60 años los hombres, y que ya cuenten con los aportes previsionales correspondientes, podrán optar por adherirse al “Plan de retiros voluntarios”. Una idea conjunta entre Michetti y Monzó que tiene el visto bueno de Macri y de los gremios legislativos.
Los trabajadores que adhieran a este plan, cobrarán una suma “no remunerativa equivalente a la remuneración bruta mensual normal, habitual y permanente más un adicional del 10% que el agente percibirá por un plazo de hasta 60 meses“. Para la determinación del beneficio deberá deducirse de la remuneración bruta de referencia los descuentos por la cobertura de la Dirección de Ayuda Social, seguro de vida y las cuotas sindicales, de corresponder.
La gobernadora Vidal, al ser consultada en vivo sobre este tema, y a diferencia de lo que Cambiemos intentó transmitir a través del marketinero “Plan de Retiro Voluntario” para empleados públicos, declaró que la gente ahora vive hasta los 90 años y que debería seguir trabajando.
Provincia de Bs As: Los jubilados que trabajen deberán devolver la jubilación
En la investigación “Megaestafa de Vidal a jubilados que trabajan: deben renunciar y devolver todos los haberes cobrados más intereses” publicada en el mes de julio de 2017, explicamos que durante el mes de mayo y junio, el IPS de Vidal envió intimaciones a los jubilados y pensionados del instituto que también trabajan en relación de dependencia, solicitando denunciar la situación y renunciar, a su jubilación o a su trabajo, antes del 30 de junio.
Además, se les informó a los jubilados que deberán devolver al Instituto de Previsión Social la totalidad de los haberes cobrados desde que los jubilaron, o pensionaron, hasta el día exacto en el que renunciaron al beneficio, más intereses. El IPS de Vidal se ampara en la Ley 9650 del año 80 que nunca fue aplicada, hasta hoy, y responde directamente a las recomendaciones del FMI para argentina, recientemente confirmadas por la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo – OCDE, quien publicó un informe sobre la economía Argentina especificando que “El gasto en jubilaciones y pensiones es alto mientras el envejecimiento poblacional amenaza la sostenibilidad del sistema“.
En el discurso, Cambiemos fomenta que los viejos trabajen, pero en la práctica, si son empleados estatales los invita a jubilarse por adelantado. Quienes opten por este “Plan de Retiro Voluntario” deben tener en cuenta que los indices de desocupación para mayores adultos son los mas altos, y que las probabilidades de que la jubilación les alcance sin trabajar son casi inexistentes, esto sin contar que la quita de beneficios del PAMI como la gratuidad de estudios y medicamentos, hace que los costos de la vejez aumenten.