En 2016 la UFISES denunció a la empresa IECSA, entonces propiedad de Angelo Calcaterra, por quedarse con más de 8 millones de aportes previsionales de sus trabajadores. Hoy desde El Disenso te contamos como el gobierno hizo aprobar en el Congreso una ley a la medida de los empresarios que retienen indebidamente los aportes de sus trabajadores.
Este fin de semana, desde las paginas de TiempoAr, Néstor Espósito escribió sobre el artículo 4 de la Ley 27.430 de Impuesto a las Ganancias, promulgada el 29 de diciembre del año pasado haciendo notar que a través de ese artículo, la norma en cuestión asegura que ya no es delito apropiarse indebidamente de tributos, siempre que el monto no supere la suma de $100.000 mensuales.
ARTÍCULO 4°.- Apropiación indebida de tributos. Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el agente de retención o de percepción de tributos nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no depositare, total o parcialmente, dentro de los treinta (30) días corridos de vencido el plazo de ingreso, el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado, superare la suma de cien mil pesos ($ 100.000) por cada mes.
Con anterioridad, si un empleador retenía el aporte de su trabajador a la ANSES durante más de diez días hábiles por un monto de 40 mil pesos “por cada mes”, cometía un delito reprimido con prisión de dos a seis años, pero de acuerdo a la nueva modificación aprobada en el Congreso, la norma fue actualizada elevando el “monto no ingresado” a 100 mil pesos. Ahora, cuando a un evasor que se apropió indebidamente de tributos se le aplique el principio de “ley más benigna” y se tenga en cuenta esta refoma, el hecho investigado ya no es delito.
Un poco de Historia…
El 14 de octubre de 2016, el fiscal titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de delitos relativos a la seguridad social (UFISES), Gabriel De Vedia, formuló una denuncia contra los responsables de IECSA, histórica empresa de la familia Macri que supo quedar a cargo del primo Calcaterra cuando Mauricio se inició en la política, para luego pasar a manos de Marcelo Mindlin. De acuerdo al escrito presentado por la UFISES, IECSA incumplió con el depósito en tiempo y forma de los aportes retenidos a los empleados. Durante la investigación realizada se comprobó que la empresa propiedad de Angelo Calcaterra se apropió indebidamente de los montos que había descontado de los sueldos de los empleados durante los meses de diciembre 2015 y marzo del 2016 por un total de $8.653.861 pesos porque no realizó el depósito legal correspondiente. Por mandato legal, los empleadores retienen los montos descontados a sus empleados con el fin de efectuar el pago al fisco.
En el marco de la pesquisa, se determinó además que IECSA adquirió entre diciembre y enero de 2016 nueve vehículos de alta gama, por lo que se infiere que contaba con fondos disponibles para cumplir en tiempo y forma con las obligaciones previsionales. La denuncia recayó en el Juzgado Penal Económico N°1 de Ezequiel Beron de Astrada, quien imputó formalmente a 5 directivos de la empresa.
Si alguien conoce la importancia de la UFISES es Mauricio Macri, quien el 19 de febrero de 2016, retiró el pliego del fiscal Gabriel De Vedia impidiendo su promoción a Fiscal General Ante la Cámara Federal de Seguridad Social pese a haber resultado ganador del concurso con 137,25 puntos. En su lugar, el presidente ubicó a un hombre afín, Juan Carlos Paulucci (h) que en el exámen apenas obtuvo 118,75 puntos. El nombramiento se realizó a través del decreto 814/2016 y contó con 75 impugnaciones y el repudio de la oposición ya que se trata de uno de los casos mas graves de conflicto de intereses dentro del gobierno de Cambiemos: El nuevo Fiscal General de la Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci (h), debe controlar a su propio padre, Juan Carlos Paulucci, actual Secretario de Seguridad Social de la Nación, subsecretario Técnico y de Coordinación del Ministerio de Salud durante la última dictadura cívico militar y personaje extremadamente cercano al fallecido sindicalista “Momo” Venegas.
Apenas 2 semanas después de presentada la denuncia contra IECSA, Macri envió la reforma judicial del Ministerio Público al Congreso, en la que omite la Unidad Fiscal de Investigaciones de delitos relativos a la seguridad social, dirigida por el fiscal Gabriel de Vedia.
El 8 de junio de 2017, luego de que el Fiscal De Vedia impulsara una serie de denuncias que tocaban de lleno al gobierno macrista como la venta de acciones del FGS, basada en una investigación realizada por ese blog, y las denuncias contra el GCBA, IECSA y medio centenar más de empresas más por retención indebida de aportes de sus trabajadores, la ANSES cesó unilateralmente el convenio firmado en el año 2002 con la Procuración para investigar los delitos del sistema previsional a través de la creación de la UFISES. A raíz de esta decisión, el fiscal federal Guillermo Marijuan, quién ocupó el cargo del fiscal De Vedia hasta 2014, denunció penalmente a Emilio Basavilbaso, Director Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
En diciembre, el fiscal De Vedia condenó la reforma previsional alertando que lesionaba algunos aspectos de la Constitucional Nacional “sobre todo el carácter progresivo de los derechos”. Apenas unos días después, el Congreso aprobó la Ley 27.430 de Impuesto a las Ganancias, donde se estipula que quedarse con los aportes previsionales de los trabajadores, hasta 100 mil pesos por mes y por tributo… ya no es delito