El concejal de Pergamino por Unidad Ciudadana, Lisandro Bormioli, denunció hoy que el primo de la Ministra Carolina Stanley, Tomas Stanley, fue el presidente de la mesa 140 en la que se borraron los votos de Unidad Ciudadana.
En conversación con Radio La Posta de Pergamino, Bormioli denunció al primo de la Ministra Stanley por haber omitido los votos de Unidad Ciudadana en el telegrama enviado al Correo Argentino durante las PASO. En la copia escaneada del telegrama que se encuentra en el sistema no hay votos de Unidad Ciudadana para Senadores y Diputados Nacionales y solo está la firma de Tomás Stanley. De acuerdo al acta original de la mesa, se habían contabilizado 069 votos para Senador y 060 votos para diputados.
Tomás Stanley es el hermano de Cecilia Stanley, una de los tantos parientes que ingresaron como funcionarios al ganar Cambiemos. Cecilia ingresó a Desarrollo Social, casualmente la cartera que dirige su prima. Como te contamos en la investigación “Desarrollo Social: la low-fat PRO que nos cuesta 264 millones al año“, el sueldo de Cecilia Stanley en enero de este año habría rondado los $ 111.650,90, un salario interesante para la “Coordinadora de Financiamiento para el Fomento del Ingreso Social con Trabajo“.
Desde su perfil de Facebook, Tomás desarrolla intensa actividad militante compartiendo posteos de Macri, Vidal y los típicos carteles Anti-K, salpicados por fotos de River Plate y de simpáticos perritos.
De esta manera Tomás es ya el segundo pariente de un funcionario de Cambiemos que fue designado como Presidente de Mesa y que casualmente en su mesa desaparecieron los votos para Unidad Ciudadana, tal cual el caso que te contamos ayer denunciado por la diputada María Teresa García, quien descubrió que en la mesa presidida por la funcionaria del PRO María José Labat, ex esposa de Guillermo Montenegro, el candidato a diputado de Cambiemos por la Provincia de Buenos Aires, desaparecieron los votos de Unidad Ciudadana. La legisladora presentará una denuncia penal porque “ser autoridad de mesa es una carga pública y la falsificación es un delito penal”.