El pasado 12 de junio, desde una investigación de El Disenso adelantamos que Macri fue denunciado por Traición a la Patria por el desmantelamiento del SENASA. Hoy, a través de la Resolución 693, se dio inicio a la privatización de los controles sanitarios. En este nuevo informe te presentamos a las “Entidades Certificadoras”, las nuevas encargadas de controlar que entra y que sale de nuestro país.
Traición a la Patria
En el mes de junio te contamos que el diputado santafesino Carlos Del Frade radicó dos denuncias en los Tribunales Federales de Rosario, cuestionando el desmantelamiento de los servicios de control del SENASA, y también el desempeño ilegítimo de un cargo por parte de un alto funcionario del organismo.
El 20 de enero, la Dirección de Certificación Fitosanitaria de SENASA, mediante el memorando 32 informó a las Oficinas certificantes que, como resultado de una reunión mantenida en Presidencia de la Nación con funcionarios del Ministerio de Agroindustria, SENASA y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina se acordó excluir a los Aceites, Harinas y Subproductos de la intervención obligatoria de SENASA a partir del siguiente lunes.
El Memorando fue firmado por el ingeniero Agustín Martín Delucis, Coordinador General de la Dirección de Certificación Fitosanitaria del SENASA, mientras que la Resolución SENASA 37/2017 fue publicada en el Boletín Oficial el día 30/01/2017, es decir, 10 días después de la fecha en la que se distribuyó el Memorando. Esto significa que la Resolución N° 260/14, declarada de Interés Nacional y de Orden Público por Ley Nacional N° 27.233, fue modificada en su artículo 1 por un acto administrativo sin valor legal como es una reunión en Casa Rosada entre el Presidente Macri y los representantes de la Cámara Aceitera, las beneficiarias directas de esta medida.
Dado que Franco Macri es el propietario de Yuto S.A., el complejo agroindustrial de 20 mil hectáreas en Salta que se dedica a la producción de soja, otro de los beneficiarios directos de la medida tomada por el presidente, es el holding de la familia de Mauricio. En 2004 el padre del presidente se asoció al empresario chino Shi ke Rong, dueño de la empresa Sanhe Hopefull Grain and Oil, el principal productor de aceite de soja de China, y juntos constituyeron Shima SA (Shi ke Rong- Macri) con la idea de explotar el ferrocarril Belgrano Cargas a fin de ahorrar 3000km de flete y contar con salidas directas al mar luego de pasar por 13 provincias sojeras cargando sus productos. El costo total de este emprendimiento será de u$s 10 mil millones de dolares y fue anunciado por Casa Rosada y expuesto desde El Disenso el pasado 22 de Mayo en la investigación “Macri hijo firmó un acuerdo por más de 4 mil millones de dolares con una empresa representada por Macri padre“.
En diálogo exclusivo con El Disenso el legislador Del Frade explicó que se solicitó la suspensión de la Resolución 37/2017 de manera cautelar. “En una reunión de la Cámara de Exportadores de Oleaginosas, Macri se comprometió a desarticular los controles del SENASA para agilizar las tratativas para la exportación/importación, beneficiándolos y dejando al pueblo argentino sin saber que entra y sale en la bodega de los buques“. Esta decisión va en contra de la independencia y la integridad de la Nación, tal como lo dice el artículo 215 del Código Penal, y configuraría el delito de Traición a la Patria.
Según un informe del Indep, el total recaudado por el SENASA por la inspección de mercadería asciende a poco más de $1.152 millones, a lo que debemos sumarle la inspección de bodegas y tanques estimado en aproximadamente $58 millones. Esta transferencia de renta directamente a las cerealeras se suma a los 16 mil millones de dólares correspondientes a la quita de retenciones.
El zorro cuidando el gallinero
El pasado 19 de octubre, a través de la Resolución 693-E/2017 el SENASA dio inicio a la privatización de los controles sanitarios. Aludiendo a las “nuevas políticas impulsadas por el Gobierno Nacional” el texto remarca la necesidad de optimizar la habilitación de bodegas y tanques de buques y barcazas para exportación, utilizando los servicios de empresas especializadas en la temática por lo que propone adecuar la operatoria vigente a través de un “nuevo sistema de control de bodegas y tanques previo a la carga de mercadería de exportación, a los fines de garantizar el cumplimiento de los requisitos mínimos esenciales para la recepción de granos, sus productos y subproductos en bodegas y tanques“.
La Resolución crea el “Registro de Verificadores de Bodega” delegando en operadores privados facultades antes solo reservadas a los inspectores del SENASA. Dentro de los controladores privados se encuentran Control Unión Argentina, SGS, BUREAU Veritas, Operagro y otros grandes jugadores.
Esta medida está orientada a sacar al Estado del medio, liberando el puerto para envíos mas flexibles, ya que el exportador puede contratar directamente a un control privado, y si no le gusta su opinión puede llamar a otro, mientras que la opinión del SENASA podría frenar un embarque por varios días ante la primera irregularidad detectada, lo que le acarrearía al exportador inmensos costos hasta cumplir con todos los requerimientos solicitados. La diferencia en el sueldo de los inspectores del SENASA y de los privados es notoria, mientras un inspector del Estado gana $19 por hora extra, un control privado gana cerca de $3000 por una jornada completa.
A fin de no tener que terminar revisando camiones, en estos días es una rareza ver algún inspector del SENASA realizando los controles previos a la carga en el muelle, señal de que Cristian Oscar Cunha, el director denunciado por Del Frade por usurpar su cargo, es más que convincente.
Los controles del SENASA sirven por ejemplo para que no ingrese carne de cerdo con PRRS como sucedió en el mes de julio con un cargamento desde Uruguay. Ahora que Macri acordó el ingreso de carne de cerdo de Estados Unidos a Argentina, ese es un dato importante puesto que en el país del norte, el cerdo tiene PRRS y el estricto control del SENASA no lo dejaría ingresar ya que el Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino implica un enorme riesgo sanitario: de ingresar al país la enfermedad, le significaría a los productores pérdidas y costes anuales por arriba de los mil millones de dolares.
La eliminación de controles y emisión de certificados en el punto de embarque implica una vulneración de la trazabilidad de los productos de origen vegetal exportados por nuestro país. Si a esto le sumamos la eliminación de los controles a las bodegas de los barcos cargueros, esta decisión está poniendo en serio riesgo la salubridad de Argentina, pues de ingresar plagas y enfermedades exóticas se pondría en peligro tanto a la producción vegetal y animal como a la salud humana.
Argentina en riesgo sanitario tras cambiar limones por cerdos enfermos