Luego del asesinato de Leandro Miguel Alcaraz, chófer de la línea 620, la respuesta de Vidal fue apuntar la responsabilidad del hecho hacia la Intendenta Verónica Magario. Hoy desde El Disenso te explicamos por qué la responsabilidad es solamente de la Gobernadora.
Mientras Leandro era fusilado, Vidal estaba desenchufada, renovando energía en un retiro espiritual. No obstante, la respuesta originada desde el departamento de marketing y prensa de la gobernadora apuntó la responsabilidad del hecho hacia la Intendenta Verónica Magario, una de las figuras femeninas del peronismo bonaerense que más preocupa a los consultores de Cambiemos. Incidentalmente, son constantes los sondeos de opinión pagados por la provincia para cotejar la popularidad de Magario con la de Vidal, evidenciando, por parte del equipo de imagen de la gobernadora, una obsesión que evoca aquel pasaje de la literatura clásica donde una oscura mujer le preguntaba a su espejo quien era la más bella del reino. En este contexto, aunque el poder de policía sea detentado por la policía de Vidal, queda claro por qué Magario fue rápidamente convertida en culpable desde el aparato mediático de Cambiemos, cuya horda de trolls, que los funcionarios aseguran no tener, impuso instantáneamente en Twitter el hash #MagarioRenunciaYa.
Pero lo más grave que surge cuando el gobierno provincial responsabiliza a Magario por los delitos cometidos en su municipio, es la ignorancia de la normativa vigente, siendo evidente que en la provincia desconocen la Ley Provincial de Seguridad Nº 12.154 en su artículo 6: “El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, en su carácter de Jefe de la Administración de la Provincia, tiene a su cargo la implementación de las políticas del sistema de seguridad pública”. Por otro lado, hace mas de un año que la Legislatura votó la Ley 14.867, que establece las medidas de seguridad necesarias para las unidades de transporte colectivo de pasajeros de jurisdicción provincial y municipal, imponiendo el uso de cámaras de seguridad en el interior de cada vehículo. Si bien la Ley fue promulgada el 1° de febrero de 2017, la gobernadora Vidal nunca la reglamentó, lo que evita que se pueda poner en practica.
Por esos motivos la Intendenta de La Matanza mantiene, desde el inicio de su gestión, una lucha sostenida con Vidal, a quien le reclama el traspaso de la policía local, junto a los fondos para sostenerla, a fin de hacerse con las herramientas indispensables para brindar seguridad a los matanceros y disponer de la cantidad de efectivos necesarios para garantizar seguridad a la población del municipio. Se trata del mismo pedido realizado por Larreta a Macri, quien le transfirió 20 mil efectivos y 12 mil millones de pesos al Gobierno de la Ciudad, instalando un nuevo paradigma de delegación en materia de seguridad. Pero Vidal le niega la ayuda a Magario, a quien, además, le redujo los recursos humanos disponibles y le retacea el presupuesto en Seguridad para su populoso distrito, donde más de 2 millones de ciudadanos quedan expuestos a cualquier delito para que el espejo de María Eugenia pueda decirle, cada mañana, que ella sigue siendo la más linda del reino.
Desde la provincia justifican los recortes asegurando que, de acuerdo a un informe del Tribunal de Cuentas, La Matanza “durante el ejercicio 2016 no ejecutó ningún gasto relacionado al Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad“. Esa jugada cae ante las cifras que ya había publicado Magario sobre la seguridad del municipio.
Concretamente, La Matanza recibió, de parte de la Provincia y en concepto de Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad, dos depósitos por $ 78.906.267 y uno por $ 81.297.366, pero la inversión total realizada por la Intendenta Magario en La Matanza en el área de Seguridad entre 2016 y 2018, contando “únicamente” con recursos municipales, superó los $701.000.000 mientras que el presupuesto en ejecución para Seguridad “sólo para este año” es de 578 millones de pesos.
“Todos los recursos que hemos puesto desde el municipio triplican al Fondo de Seguridad que debe mandarnos la provincia por ley” aclaró Magario.
Respecto a la presencia policial, Verónica Magario explicó: “Tenemos la mitad de los efectivos que deberíamos tener para custodiar al municipio”. En efecto, La Matanza cuenta actualmente 4200 policías más 150 gendarmes cuando debería haber 7000 policías y 1200 gendarmes.
En 2016 la ministra Bullrich sacó de La Matanza 1000 efectivos de Gendarmería Nacional, dejando solo 150 para una población de 2.200.000 habitantes. En el lugar donde se produjo el asesinato de Lenadro funcionó hasta 2016 una base de Gendarmería Nacional que se dedicaba a requisar colectivos.
En 2015 La Matanza contaba con la ya insuficiente cifra de 4900 policías, que hoy fueron reducidos a 4200 efectivos. Son 700 agentes menos para cuidar a los matanceros, mientras que en CABA cuentan con una fuerza de 28.000 policías para cuidar a 2.800.000 habitantes, que da un promedio de 1 policía cada 100 habitantes. En La Matanza en cambio, hay 1 policía cada 524 habitantes, dejando a los vecinos en un estado de desamparo, y haciendo del territorio un coto casi liberado para cualquier ilícito.
El mensaje implícito en esta desigualdad geográfica del celo policial es evidente: si querés robar, andá a La Matanza. De este modo, ser la más linda para el espejito de los asesores de imagen encuentra su costo forzado en la fabricación de climas de espanto, como el generado por el fusilamiento de Leandro, en territorios como La Matanza, que se costituyen así en trazos del retrato oculto, repugnante y oprobioso de esa “Dorian Gray” que es María Eugenia.
