La jueza federal Martina Isabel Forns, realizó la inspección ocular en la Primera Brigada Aérea de El Palomar a fin de pronunciarse sobre el amparo presentado por el abogado y vecino de Hurlingham Lucas Marisi, quien busca poner un freno a las obras y evitar la operatoria aerocomercial que se iniciará el próximo 10 de febrero. Durante la visita se constató la destrucción de un sitio de Memoria en el que se realizaron detenciones y torturas.
Hasta el momento existen 2 amparos presentados por vecinos de la zona. Los moronenses reclaman por el impacto ambiental y hacen mención a la Isla Verde, un sector de la base de 140 hectáreas que alberga más de 200 especies y que de acuerdo a un informe realizado por el “Grupo de Investigación en Ecología de Humedales” de Fauna Silvestre, es “uno de los últimos relictos de pastizales húmedos pampeanos esenciales para la regulación de las lluvias“.
Los vecinos de Hurlingham por su parte, reclaman por la futura contaminación sonora que supone un tráfico aéreo de 468 vuelos semanales. Ambos reclamos coinciden en que el Gobierno Nacional le dio luz verde a las obras sin realizar un estudio previo de impacto ambiental y una audiencia pública para poner el proyecto completo en conocimiento de los vecinos.
Desde el gobierno se ampararon en la resolución 721 de 1968, firmada por Onganía, que autoriza al aeropuerto El Palomar para realizar vuelos nacionales e internacionales.
A su vez, varias organizaciones de derechos humanos presentaron una denuncia penal haciendo notar que El Palomar es un lugar protegido por la ley 26.691, que especifica que todos los lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar son declarados “Sitios de Memoria del terrorismo de estado“.
De acuerdo a lo adelantado por el diputado Pietragalla, quién participó junto a la jueza Forns de la inspección ocular, “se comprobó que se comenzó a destruir el centro clandestino de detención donde pasaron muchos compañer@s y salieron vuelos de la muerte“. El decreto 1092 firmado por el presidente Macri viola la Ley Nacional 26.691 de Espacios Para La Memoria y también la Ley Provincial 13.584.
El hecho fue corroborado por Zoraida Martín, quien fuera detenida en El Palomar durante la dictadura cívico-militar y quién reconoció uno de los hangares a utilizarse por el aeropuerto como el lugar donde hubo personas secuestradas y se realizaron torturas.
El Dr. Marisi explicó que dentro de las irregularidades detectadas por la jueza se encuentra una escuela dentro de la base, que está localizada aproximadamente a 50 metros de la pista, y 2 polvorines, uno de ellos también situado a 50 metros del final de la pista, aunque ante el requerimiento de la jueza las autoridades presentes no pudieron especificar que tipo de municiones contenía ya que no se hallaban en posesión de la llave.
El 26 de diciembre, desde El Disenso, te contamos que el ORSNA, asesorado por el socio del dueño de FlyBondi, autorizó a operar al aeropuerto El Palomar que había solicitado la Low Cost. Mediante el decreto 1092, el presidente Macri hizo lugar al pedido de la aerolínea económica e incorporó el Aeropuerto el Palomar al SNA. Desde un primer momento, la aerolínea del socio de Mario Quintana anunció ese aeropuerto como su base de operaciones.
¿Quién pone los 1600 millones?
Inicialmente FlyBondi realizó una propuesta de inversión de US$ 30 millones para reacondicionar el aeropuerto de El Palomar, a cambio de una concesión por 15 años para una terminal propia, pero el 19 de septiembre de 2017, el Ministro Dietrich anunció públicamente que las remodelaciones por 1600 millones corrían por cuenta del Estado, y que quien las abona es el Sistema Nacional de Aeropuertos, un fideicomiso alimentado por las tasas aeroportuarias que cobra el concesionario.
El 27 de diciembre a través del decreto 1107 firmado por Macri, incorporó el Aeropuerto de El Palomar a la órbita del concesionario Aeropuertos Argentina 2000 del Grupo Eurnekian. Una semana después, el Ministro Dietrich presentó de forma oficial el proyecto de la “puesta en valor” de El Palomar, asegurando esta vez que el Grupo Eurnekian será quien finalmente abone las millonarias obras, a realizarse en 3 etapas: la terminal temporaria, la zona de hangares y luego la nueva terminal frente a la pista existente, que supuestamente se dejará para la Fuerza Aérea.
Por lo pronto, ya hay un ganador: Ariel Nicolas Straccia, el marido de Maria Julia Olivan, es el contratista que provee el servicio de “Hormigón en Obra” para la renovación de la terminal aeroportuaria.
Si “pero”…
De acuerdo al comunicado oficial emitido el pasado 27 de diciembre por la Fuerza Aérea Argentina, si bien ellos “no se oponen a la decisión tomada por el Poder Ejecutivo Nacional para permitir la operación de empresas Low Cost“ hacen la salvedad de que “el jefe del Estado Mayor General informó sobre las incompatibilidades que surgirían del uso compartido o la sesión de instalaciones actualmente utilizadas por la Fuerza Aérea y de las modificaciones estructurales recomendadas que se deben realizar para acompañar la nueva política de expansión aerocomercial“ y especifican que “la Fuerza Aérea es categórica al expresar que no se opone al uso compartido del mismo sino que recomienda la necesidad de diferenciar las jurisdicciones civiles y militares en virtud de garantizar el normal funcionamiento de ambas actividades” tal cual sucede actualmente en los aeropuertos y brigadas aéreas que operan en las ciudades de Mendoza, Villa Mercedes, Río IV, Tandil, Paraná, Reconquista, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos y en la Base Aérea Militar Morón.