Tras las investigaciones de El Disenso sobre las contrataciones directas por $20.477 millones para la visita de León XIV, el abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli. El escrito solicita investigar la intervención de Tech Security SRL y Purgato, firmas vinculadas al entorno de los hermanos Menem, y reconstruir las subcontrataciones del evento. También pide citar a declarar a once figuras públicas que accedieron al sector VIP financiado con fondos estatales.
De las investigaciones de El Disenso a la denuncia ante la PIA
El doctor Dalbón presentó una denuncia ante el fiscal Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), organismo del Ministerio Público Fiscal especializado en investigar irregularidades administrativas y hechos de corrupción que involucran a funcionarios públicos.
Según surge del escrito al que accedió El Disenso, la presentación apunta contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los funcionarios que intervinieron en las contrataciones destinadas a organizar el operativo por la visita del papa León XIV. El denunciante solicita que se investiguen posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173, inc. 7, y 174, inc. 5, del Código Penal), y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248).
El escrito toma como base documental las dos investigaciones exclusivas publicadas por El Disenso el día 9 de noviembre. En el informe titulado: “Misa-Gate: Santilli destinó 20.477 millones para la visita papal y armó un VIP de lujo para la farándula” detallamos las contrataciones por un total de $20.477.334.664,75, tramitadas mediante siete procesos de compulsa abreviada por urgencia (79-0010 a 79-0016-CDI26). En la nota: “Misa Papal: Un negocio multimillonario para Tech Security y Purgato, las empresas de los Menem” expusimos la subcontratación de dos empresas en manos de los hermanos del Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que prestaron los servicios de seguridad y limpieza durante el evento.
Uno de los puntos cuestionados en el escrito es el procedimiento elegido por la Jefatura de Gabinete para adjudicar los contratos. De acuerdo con la documentación citada en la denuncia, la Santa Sede había anunciado el viaje papal el 5 de agosto de 2026, pero el Gobierno recién publicó las convocatorias el 14 de octubre, a las 19:30, otorgando apenas 24 horas para formular consultas. Dalbón cuestiona que se haya invocado una situación de urgencia para recurrir a un mecanismo excepcional, pese al tiempo transcurrido desde el anuncio de la visita.
El contrato de mayor monto, correspondiente al proceso 79-0012-CDI26, fue adjudicado a DF Entertainment S.A., productora de Diego Finkelstein controlada en un 51% por Live Nation, por $8.690 millones. La adjudicación se formalizó mediante la Resolución 338/2026, firmada por Mariana Vello, titular de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria creada por el DNU 1103/2026.
Tal como documentamos en El Disenso, la propia resolución reconoce que se prescindió de los actos administrativos previos necesarios para autorizar el llamado y aprobar los pliegos, que fueron convalidados recién al momento de la adjudicación. El expediente tampoco contaba con un presupuesto oficial ni con un dictamen de evaluación de ofertas.
El foco en las empresas del entorno Menem: Tech Security y Purgato
La denuncia no se limita a las empresas que recibieron las adjudicaciones principales. También apunta a reconstruir quiénes participaron de los servicios de seguridad, limpieza y otras prestaciones auxiliares, y qué firmas pudieron intervenir como subcontratistas.
Para avanzar en esa línea, Dalbón solicita que la PIA libre oficios al Ministerio de Seguridad Nacional, a la Inspección General de Justicia (IGJ) y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Entre las medidas solicitadas se encuentra verificar la participación de Tech Security SRL, firma vinculada al entorno de los hermanos Eduardo «Lule» y Adrián Menem. El denunciante pide que el Ministerio de Seguridad informe si contrató, autorizó o habilitó la intervención de empresas de seguridad privada para el operativo, con especial referencia a esa sociedad.
También solicita a la IGJ y a ARCA información sobre la composición societaria, autoridades y antecedentes fiscales de Tech Security SRL y de Purgato, empresa de limpieza vinculada al mismo entorno. El requerimiento alcanza además a las restantes firmas que participaron o fueron invitadas a los procedimientos: DF Entertainment, Nuevos Aires Producciones, Recordvision, PRG Argentina, Fidias Energía, VMG Video Tech, Alfombra Mágica, Tetramon, Oymyakon y Five Pro Events.
Otro punto central es la reconstrucción de las subcontrataciones realizadas por DF Entertainment. El pliego correspondiente a los 400 agentes de seguridad por turno permitía que la productora subcontratara distintos rubros mediante un simple aviso previo. Frente a ese esquema, Dalbón pide que se requieran las facturas emitidas y el detalle completo de las empresas y proveedores que intervinieron bajo la modalidad de «renglón único».
El objetivo de estas medidas es determinar quiénes prestaron efectivamente los servicios, qué sociedades participaron y cómo se distribuyeron los fondos públicos comprometidos en el operativo.
Sector VIP: carpas, catering y once citaciones testimoniales
La presentación también pone bajo análisis el destino de los recursos asignados al sector VIP del evento. Mientras el operativo fue financiado con fondos públicos, el contrato con DF Entertainment contempló un circuito preferencial para hasta 4.000 invitados, con acreditación anticipada en La Rural.
Los pliegos describían una infraestructura específica para ese espacio: carpas climatizadas de 30 por 40 metros, con pisos nivelados y alfombra beige; una carpa exclusiva denominada «Presidencia (JM)», de 5 por 5 metros; sillones de diseño, arreglos florales y cinco servicios de catering diferenciados.
A partir de esas prestaciones, el denunciante solicita investigar quiénes fueron invitados al sector exclusivo y bajo qué criterios se distribuyeron los accesos. Para ello, pide citar a prestar declaración testimonial a once figuras públicas que exhibieron su presencia en ese espacio a través de medios de comunicación y redes sociales.
La lista incluye a Yanina Latorre, Ana Carolina Ardohain (Pampita), Valeria Mazza, Marcela Tinayre, Analía Franchín, Belén Ludueña, Ángeles Landaburu, Georgina Barbarossa, Claudia Villafañe, Flor de la V y el legislador Facundo Del Gaiso.
El escrito presentado solicita que expliquen quién les cursó las invitaciones, por qué vía recibieron los códigos QR de acceso y en qué condiciones participaron del circuito VIP.
El planteo invoca la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública y apunta a determinar si los recursos estatales fueron utilizados para otorgar beneficios o prestaciones a personas ajenas a las necesidades propias del operativo.
La PIA y un sistema de denuncias online que no funciona
Desde El Disenso intentamos presentar una denuncia sobre las contrataciones conexas al operativo a través del formulario web de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, pero el sistema online no funciona.
Al momento de esta publicación, el canal digital previsto para denunciar hechos de corrupción e irregularidades ante la Administración Pública permanece fuera de servicio.
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