Leandro Camani no podrá salir del país: la Justicia advirtió riesgo de fuga y de presión sobre testigos

Leandro Camani dentro de un jet privado.

El juez Walter Federico Saettone ordenó la prohibición de salida del país para el empresario de las fotomultas, imputado por coacción en una causa iniciada tras las amenazas denunciadas por Claudio “Chiqui” Tapia. El magistrado consideró que su capacidad económica y su poder de influencia representan un riesgo para el proceso. También puso el foco en un encuentro entre el abogado defensor de Camani y un testigo clave en la propia fiscalía.

La Justicia bonaerense dispuso este martes la prohibición de salida del país para el empresario Leandro Camani, imputado por coacción en el expediente IPP N° 14-02-019728-25/00, caratulado “Camani, Leandro s/Coacción”, vinculado a las actuaciones “Yofe, Matías y otros s/Extorsión”, que tramitan ante la UFI N° 3 del Departamento Judicial de Pilar.

Fallo judicial que ordena la prohibición de salida del país para Leandro Camani.
El juez Walter Federico Saettone ordenó la prohibición de salida del país para el empresario.

La resolución fue firmada por el juez Walter Federico Saettone, quien hizo lugar parcialmente al pedido presentado el pasado 5 de noviembre por el particular damnificado, Claudio Fabián Tapia, con el patrocinio de su abogado, Gregorio Dalbón.

La querella había solicitado tres medidas cautelares: la inhibición general de bienes de Camani, el embargo preventivo de su patrimonio y la prohibición de salida del país con entrega de sus documentos de viaje. El magistrado resolvió avanzar con la restricción ambulatoria y dejó pendientes las medidas patrimoniales para una instancia procesal posterior.

En los fundamentos, Saettone consideró que existen elementos objetivos para presumir tanto un riesgo de fuga como un posible entorpecimiento de la investigación, de acuerdo con los parámetros establecidos en el artículo 148 del Código Procesal Penal bonaerense.

Las amenazas que originaron la imputación

Camani fue convocado a prestar declaración en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal el 15 de julio de 2026, oportunidad en la que se le notificó formalmente la imputación por el delito de coacción, previsto en el artículo 149 bis del Código Penal.

El hecho investigado se vincula con las presiones que habría ejercido sobre Enzo Ferrari, gerente del Camino Parque del Buen Ayre, para conseguir que se restableciera el suministro eléctrico a las cámaras de fotomultas de su empresa.

Según la imputación reseñada en la resolución, Camani habría realizado llamados telefónicos por WhatsApp a Ferrari para exigirle que habilitara la energía de los dispositivos, bajo la advertencia de resolver el conflicto «por las malas». En esas comunicaciones también habría hecho referencias directas a Tapia, con expresiones amenazantes como: «Ese negro de mierda se va a caer con el helicóptero… los voy a denunciar a todos».

Las amenazas habían sido denunciadas por Tapia y respaldadas por las declaraciones testimoniales incorporadas a la causa, entre ellas las de empleados del CEAMSE que describieron las presiones para lograr la reconexión de las cámaras.

Leandro Camani: El poder económico y la posibilidad de fuga

Uno de los argumentos centrales del juez para disponer la restricción fue la capacidad económica del empresario y sus posibilidades materiales de abandonar el país.

La resolución señala que el propio Camani manifestó ser empresario y estar vinculado al manejo de diversas compañías de gran envergadura, además de participar en el desarrollo de los premios Martín Fierro.

Para Saettone, esas circunstancias permiten advertir que cuenta con recursos económicos y poder de influencia suficientes para desplazarse y permanecer fuera del territorio nacional. El magistrado consideró que esa capacidad concreta incrementa el riesgo de que pueda sustraerse del proceso.

El encuentro entre el defensor y un testigo en la fiscalía

El segundo fundamento de peso fue el posible entorpecimiento probatorio. En este punto, el juez puso especial atención en un episodio protagonizado por Horacio Henricot, abogado defensor de Camani, y el testigo Enzo Ferrari.

Según surge de las actuaciones, Ferrari se había presentado en la fiscalía para aportar documentación de utilidad para la investigación. Después de esa presentación, el abogado defensor de Camani se habría reunido con él en el café ubicado en la planta baja del edificio donde funciona la dependencia judicial.

El episodio fue informado por Tapia ante la fiscalía y también reconocido por el propio Henricot en una presentación realizada el 12 de noviembre. El letrado explicó las circunstancias del encuentro, al que presentó como casual.

Sin embargo, el juez consideró «sumamente llamativo» que, luego de ese episodio, la defensa solicitara al Ministerio Público Fiscal que se fijara una nueva fecha para recibirle declaración testimonial a Ferrari, pese a que el testigo ya había declarado el 27 de octubre.

Para Saettone, las circunstancias permiten inferir un peligro concreto de entorpecimiento probatorio, ante la posibilidad de que Camani pueda ejercer influencia sobre testigos y otras personas vinculadas con la investigación, procurando que modifiquen sus declaraciones, omitan información o adopten una actitud reticente.

Fundamentos del juez para prohibir la salida del país de Leandro Camani.
El juez consideró que existen riesgos de fuga y entorpecimiento probatorio.

El magistrado destacó especialmente la posición del empresario, sus relaciones y su capacidad económica como factores que podrían facilitar ese tipo de interferencias.

Una restricción para asegurar el proceso

Al resolver, Saettone consideró que la prohibición de salida del país constituye una medida proporcional y de menor intensidad que una eventual detención preventiva. Señaló que la restricción no impide que Camani continúe circulando libremente y desarrollando sus actividades dentro de la Argentina, pero limita la posibilidad de que abandone el territorio nacional y quede fuera del alcance de la Justicia.

Finalmente, el juez resolvió imponerle la prohibición de salir del país durante el desarrollo de la investigación, en los términos de los artículos 144, 146, 147, 148 y 160 inciso 3 del Código Procesal Penal bonaerense.

Mientras tanto, el embargo preventivo y la inhibición general de bienes solicitados por Tapia quedaron pendientes de resolución.

La decisión suma una nueva medida judicial en una investigación que El Disenso viene siguiendo desde sus inicios y en la que ya se habían dispuesto medidas sobre el patrimonio, las comunicaciones y los movimientos financieros de los involucrados. La causa continúa avanzando sobre las presuntas presiones vinculadas al negocio de las fotomultas y las amenazas denunciadas por el presidente del CEAMSE.

 

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