La fiscal Paloma Ochoa acaba de imputar al amigo del presidente Macri, Don Alfredo Coto, y también a su hijo Germán Alfredo Coto, junto a los funcionarios del ANMAC (ex Renar) que tuvieron participación en el procedimiento llevado a cabo en el deposito del supermercado familiar, donde se halló un arsenal de armas no declaradas perteneciente a las fuerzas de seguridad y que desde el organismo nacional se dio la orden de ocultar el caso.
La causa 3552/16 se encuentra en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2 a cargo del juez Sebastián Ramos e investiga la fiscal Paloma Ochoa. La fiscalía ya le tomó declaración a los implicados: el jerarca de la familia don Alfredo Coto, su esposa Gloria García de Coto, su hijo Germán Alfredo Coto y el jefe de Seguridad de Coto y apoderado de la firma, Alejandro Nievas Blanco.
Yo te conozco…
El pasado 30 de agosto de 2016 la ANMAC, luego de recibir una denuncia a través de un correo electrónico anónimo, realizó una inspección en el depósito del supermercado familiar de la calle Paysandú 1842 en Caballito. El arsenal encontrado conmocionó a los inspectores: 227 granadas, ubicadas dentro de tachos, 41 proyectiles de gases lacrimógenos, 27 armas de fuego, 2 de lanzamiento, 3886 municiones, 14 chalecos antibala, 22 cascos tácticos sin numeración, 9 escudos antitumulto, un gas pimienta y hasta un silenciador de armas.
Luego de iniciada la investigación, se encuentra probado que Coto tenía en su poder explosivos y armas de fuego de manera ilegítima, a las que se les había borrado y/o adulterado la marca de parte de las armas incautadas por la justicia. Si bien la empresa posee permiso del ex Renar para operar armas de fuego, el mismo venció 2 años atrás por lo que de ser encontrados culpables de “acopio de armas de fuego, piezas o municiones sin la autorización requerida“, el Código Penal estipula reclusión o prisión de 4 a 10 años.
Pero los Coto no son los únicos en problemas, cuando los inspectores informaron sobre el hallazgo, los directores del ANMAC dieron la orden de “dejar todo como está” explicando que “ellos se harían cargo” evitando decomisar el material encontrado según dicta el procedimiento. Ahora Natalia Gámbaro, quien responde al ministro Garavano, deberá explicarle al Juez Ramos porque no actuó según el procedimiento y evitó denunciar la existencia de las armas encontradas, con el agravante de que algunas de ellas se encontraban adulteradas.
Tanto las granadas antitumulto como las de gas lacrimógeno son explosivos de uso exclusivo de las instituciones armadas. Desde la PFA y Gendarmería negaron rotundamente haber prestado servicios en el supermercado con ese armamento y declararon que habían sido derivados a la fuerza Albatros, que tampoco posee registro de su utilización en la cadena de supermercados.
Según el expediente, “se presume que hubo una intervención sobre los materiales y que, sin la ayuda de alguno de los funcionarios de la ANMAC, ello no hubiera sido posible” sumado a una “alteración en las condiciones” en las que se encontraba la pistola ametralladora UZI y el silenciador ya que al momento del peritaje “se advirtió que algunas de las piezas no estaban“. Se trata de establecer si los únicos que tuvieron acceso al arsenal fueron los Coto y Nievas Blanco.
Otras notas de El Disenso sobre este tema:
El gobierno ordenó ocultar el hallazgo de un arsenal en un depósito Coto
Coto Jr: compras inmobiliarias en Miami por $2000 millones y armas de guerra modificadas