El “Quilmesgate“, la investigación periodística exclusiva de El Disenso que sacó a la luz el desvío multimillonario a cooperativas en Quilmes entra en un punto de quiebre. Tras la salida del juez subrogante Luis Armella, cuya esposa compartía sociedad con el hermano de un principal imputado tal como expuso oportunamente este medio, el expediente busca salir de la parálisis. La trama expone un circuito cruzado entre funcionarios, apoderados comerciales, sociedades gastronómicas compartidas y el intento fallido de neutralizar la causa mediante una autodenuncia.
El una investigación de El Disenso expuso una estructura de desvío de fondos públicos canalizados hacia cooperativas ligadas a funcionarios municipales. Lejos de ser un hecho aislado, publicaciones posteriores demostraron cómo la caja pública continuó adjudicando contratos que superaron primero los $859 millones, de modo que el desfalco inicial de $535 millones de pesos alcanzó más adelante los $1.720 millones de pesos.
Las pruebas documentales de El Disenso
Las pruebas documentales sacadas a la luz por este medio revelaron la superposición directa de roles entre la gestión pública de Quilmes, sus vínculos comerciales y las firmas contratistas del municipio:
- Decretos y adjudicaciones: Documentos oficiales muestran las firmas conjuntas de Mayra Mendoza y su Secretario Legal y Técnico, Claudio Hernán Carbone, adjudicando contrataciones multimillonarias al empresario José Alejandro Scozzari.
Decreto oficial del Municipio de Quilmes firmado por la intendenta Mayra Mendoza y su Secretario Legal y Técnico, Claudio Carbone, donde consta la adjudicación de fondos a la firma The Wolf Building. - Apoderados del principal contratista: En 2017, Scozzari creó la firma Sur II SRL. Como apoderados de dicha sociedad figuraban el propio Claudio Carbone (entonces Secretario Legal y Técnico), Anabella Galván (entonces Directora General de Defensa de Usuarios Consumidores y Lealtad Comercial de Quilmes) y César Sebastián Daer (ex pareja de Mayra Mendoza).
Publicación del Boletín Oficial que certifica la constitución de Sur II SRL por parte de José Alejandro Scozzari, donde se designó como apoderados a Claudio Carbone, Sebastián Daer y Anabella Galván. - Socios en la firma 4TER S.A.: La alianza entre la cúpula política y su entorno quedó refrendada en el Boletín Oficial con la constitución de la firma comercial 4TER S.A. (dedicada al rubro gastronómico, bares y restaurantes). El capital social de la empresa se dividió en partes iguales entre sus tres socios fundadores: Claudio Hernán Carbone (33,34%), César Sebastián Daer (33,33%) y la propia Mayra Soledad Mendoza (33,33%).
Estatuto publicado en el Boletín Oficial que acredita la constitución de la firma 4TER S.A., donde Mayra Mendoza, Sebastián Daer y Claudio Carbone figuran como socios con participación accional en partes iguales. - El premio político: A pesar de haber resultado imputada en la causa penal de las cooperativas por este mismo entramado, Giselle Galván —otra de las figuras clave del esquema— fue designada posteriormente como Jueza de Faltas en el municipio de Quilmes.
El recorrido en la Justicia
El recorrido judicial estuvo signado por maniobras de neutralización e impunidad:
- Denuncia inicial: Tras las revelaciones de El Disenso, se radicó la primera denuncia penal en Comodoro Py (a través del abogado Dupuy de Lome) por malversación y lavado de dinero.
- La maniobra de la autodenuncia: Para intentar controlar la causa y alegar la inexistencia de delito, la propia Mayra Mendoza se presentó a autodenunciarse. La estrategia no impidió el avance: la intendente terminó siendo formalmente imputada junto a su entorno.
- Imputación y “premio” estatal: Tras quedar imputado por fraude en el marco de esta causa, Sebastián Daer no sólo no fue apartado de la función pública, sino que logró insertarse como “Consejero” dentro de la AFIP.
- El rol de Sebastián Raspa y Martín Bordalejo: Imputados en ambas causas penales por el entramado de las cooperativas, ambos figuran como piezas centrales del esquema investigado por la Justicia.
bajo la órbita del juez Ariel Lijo, donde se formalizaron las primeras imputaciones por el esquema de contrataciones de Quilmes. 
Actuaciones del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora que detallan las imputaciones cursadas durante la etapa en que el expediente estuvo bajo la subrogancia de Luis Armella.
La caída del blindaje: la remoción de Armella
El principal factor del congelamiento de la causa en la Justicia Federal radicaba en la figura del juez subrogante Luis Armella. Tal como reveló este medio, la esposa del magistrado compartía una sociedad comercial con el hermano de Scozzari, el empresario beneficiado por las contrataciones comunales.
La reciente remoción de Armella de la subrogancia del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora desarma el principal tapón institucional que mantenía paralizada la causa. Sin la intervención del juez vinculado comercialmente al entorno de los imputados, las actuaciones judiciales iniciadas a partir de un trabajo de El Disenso quedan en condiciones de avanzar sobre las responsabilidades penales de los funcionarios y contratistas involucrados. Esta vez… ¿Será justicia?
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